WASHINGTON (EFE) — El gobierno de Estados Unidos analiza la posibilidad de demandar judicialmente a la ley de inmigración recientemente aprobada en Arizona y que permite, entre otras acciones, que los policías detengan a una persona sospechosa de ser migrante indocumentado.

El procurador general estadounidense, Eric Holder, dijo que la legislación de Arizona convierte en delito menor la inmigración ilegal y puede prestarse a abusos, por lo que la Casa Blanca podría exigir su anulación ante los tribunales.

“Me preocupa mucho que (la ley) pueda convertirse en un factor de división entre las comunidades a las cuales debe servir”, comentó.

La ley fue aprobada por el Congreso estatal y promulgada la semana pasada por la gobernadora Jan Brewer.

Según cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

La declaración de Holder se suma a la de otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo que le preocupa la ley porque podría obligar al Servicio de Inmigración y Aduanas a usar sus ya escasos fondos para resolver casos de personas arrestadas en Arizona.

Además, el presidente Barack Obama señaló que esta legislación está “mal concebida” y puede causar que estadounidenses de origen hispano se vean acosados por la policía sin necesidad.

“Uno puede imaginar, si eres un estadounidense hispano en Arizona, tus antepasados pueden haber vivido allí antes incluso de que Arizona fuera un estado. Pero de repente, si no tienes tus documentos y sales con tus hijos por un helado, te puedes ver acosado, eso es algo que puede suceder”, dijo.

El mandatario prometió presionar en favor de una reforma migratoria para que no se registre “el tipo de mala legislación que vemos en Arizona o, el otro extremo, medio millón de ilegales entrar en Arizona sin ningún tipo de control”.

La medida, que entrará en vigor dentro de tres meses, tras su promulgación el viernes, convierte la inmigración ilegal en un delito estatal y autoriza a la policía a exigir documentos de residencia a cualquier persona de la que sospeche que sea indocumentada.

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