El gobierno de EU busca derogar la ley de inmigración de Arizona
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra la controvertida legislación SB 1070, que entraría en vigor a finales de julio
Sobre aviso.Hace un mes se reunieron Obama y la gobernadora Brewer para discutir sobre los caminos legales de la ley SB1070 (Cortesía Casa Blanca).
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(CNN) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la controvertida ley de inmigración de Arizona.
El argumento en la demanda es que la administración de Barack Obama considera la ley estatal de inmigración, aprobada en abril y pendiente de entrar en vigor, como una legislación que invade las atribuciones del gobierno federal en el área de las políticas migratorias.
La ley, que está programada para entrar en vigor a finales de julio, exige que los inmigrantes porten sus documentos de registro en todo momento y permite a la policía exigir prueba de la situación migratoria a las personas sospechosas de cometer un delito. También actúa contra los negocios que contraten inmigrantes ilegales o deliberadamente los transporten.
El presidente Barack Obama dijo en un discurso pronunciado el 1 de julio que la legislación ha “avivado las llamas de un debate de por sí tenso”. Entre otras cosas, pone presión sobre los policías para que apliquen leyes “inaplicables” mientras hace menos seguras a las comunidades —en parte, debido a que desincentiva a las personas a reportar delitos, dijo el mandatario.
La ley también tiene “el potencial de violar los derechos de ciudadanos estadounidenses inocentes, haciéndolos sujetos de posibles detenciones o interrogatorios por causa de su apariencia o de su forma de hablar”.
La causa presentada por los abogados del Departamento de Justicia, sin embargo, no se basa en la objeción a factores de discriminación, sino en la doctrina jurídica conocida como preemption, o la supremacía de una ley federal sobre otra estatal.
"En nuestro sistema constitucional", dice el texto que contiene la demanda, "el poder para regular la inmigración es potestad exclusiva del gobierno federal".
Asimismo, dice que el "marco de inmigración fijado por el Congreso y administrado por las agencias federales refleja un balance cuidadoso de una aplicación nacional de la ley, relaciones exteriores y asuntos humanitarios que pertenecen a la nación en general y no a un estado en particular".