(CNN) — Las escuelas públicas de Tucson, Arizona, suspendieron un programa de estudios sobre la historia de la relación entre México y Estados Unidos, luego de que un juez administrativo falló que esto viola una nueva ley estatal, y de que el estado anunciara que el distrito local iba a perder 15 millones de dólares en ayuda anual, dijeron funcionarios.

La junta escolar votó el pasado martes para suspender de manera inmediata los estudios, lo que marcó un punto de inflexión en la controversia que se desató desde hace un año por una ley estatal que prohíbe ciertos estudios étnicos.

“El distrito debe revisar el currículo de sus estudios sociales para incrementar el contenido de la historia y la cultura de México y Estados Unidos, incluyendo una presentación balanceada de diversos puntos de vista y asuntos controversiales. El resultado final debe de ser una secuencia central única y común de estudios sociales a través de los cuales los estudiantes estén expuestos a diferentes puntos de vista”, indicó la junta en un comunicado.

“El distrito debe de estudiar y traer al consejo nuevas medidas designadas a reducir la brecha de los logros para estudiantes tradicionalmente marginados y desfavorecidos económicamente”.

La junta tomó la decisión luego de que el superintendente de Arizona, John Huppenthal, emitió una orden el pasado viernes para retener el 10% de la ayuda estatal, unos 15 millones de dólares, al distrito de Tucson retroactivo al 15 de agosto de 2011, de acuerdo a una copia de la orden publicada en el sitio del distrito.

La orden fue emitida luego de que un juez administrativo falló el mes pasado en contra del programa, debido a que estaba “sesgado y cargado de una forma emocional y política”, lo que ratificó la acusación de funcionarios estatales que encontraron que violaba una ley aprobada en 2010.

El distrito escolar apeló la decisión.

Bajo la ley, el estado puede retener el 10% del financiamiento hasta que el distrito realice los cambios requeridos.

En la apelación, oficiales del distrito se defendieron al decir que durante una auditoria al programa no se encontró “evidencia observable” de que las clases violaban la ley estatal.

Un testigo del sistema escolar argumentó que enseñarles a estudiantes “hechos históricos de opresión y racismo” promoverá en menor medida un “sentimiento racial” —algo que fue prohibido por la ley de 2010— que ignorar la historia.

En el fallo del mes pasado, el juez administrativo Lewis Kowal dijo que se otorgaron un número limitado de clases.

Los maestros de Tucson que han desafiado la constitucionalidad de la nueva ley defendieron los estudios y dijeron que no es diferente a los afroestadounidenses o a los de los nativos.

La integrante del consejo Adelita Grijalva argumentó que la nueva ley es inconstitucional, y parte de un clima político antiinmigrante en Arizona. Grijalva intentó, sin conseguirlo, que los integrantes del consejo votaran a favor del programa. Su voto fue el único “no” del 4-1 final para evitar suspender las clases.

La nueva ley es la última controversia en un estado conocido por su ley inmigratoria, la SB 1070, cuya constitucionalidad es analizada por las cortes.

La frontera entre Arizona y el estado mexicano de Sonora es la que más utilizan los inmigrantes ilegales para cruzar a Estados Unidos.