SANTIAGO DE CHILE (EFE) — La justicia chilena inició el lunes un juicio contra ocho personas por la fallida alerta de tsunami que el 27 de febrero del 2010 causó 156 muertos y 25 desaparecidos. Entre los juzgados están el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia Carmen Fernández.

La fiscal Solange Huerta acusa a los imputados de no haber alertado a la población sobre el tsunami que se originó tras el sismo de 8.8 grados ocurrido esa madrugada en el país sudamericano.

La audiencia podría prolongarse durante tres días, mientras los abogados de las familias de las víctimas anunciaron que pedirán prisión preventiva para los imputados, según la Fiscalía.

Además de Rosende y Fernández, entre los imputados hay también exfuncionarios de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y oficiales del Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada (SHOA).

La fiscal destacó la descoordinación que, según su investigación, hubo entre la Onemi y el SHOA, que emitió una alerta de tsunami que no llegó a ser comunicada a la población y que poco después retiró.

La fiscal acusa directamente a Rosende de descartar la alerta de maremoto pese a que servicios internacionales, como el Pacific Warning Centre de Estados Unidos alertaron sobre un "tsunami destructivo".

A raíz de todas esas descoordinaciones ocurrieron muertes que pudieron haber sido evitadas, según la fiscal.

Antes de la audiencia, Patricio Rosende y Carmen Fernández se mostraron convencidos de su inocencia.

"Tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para evitar y mitigar los efectos de una catástrofe", se defendió Rosende.

Carmen Fernández señaló que acudía al tribunal para saber qué es exactamente lo que se le imputa.

"Como lo he dicho 1,000 veces, aquella noche concurrí responsablemente a cumplir con mi deber de directora de la Onemi y ahora vengo aquí a escuchar lo que se me imputa y a demostrar mi verdad", dijo.

En el 2010 se dio a conocer un video grabado en las dependencias de la Onemi en el que se refleja la descoordinación que se registró en las horas posteriores al terremoto entre las autoridades, incluida la entonces presidenta, Michelle Bachelet y los mandos militares.

La entonces mandataria pidió un helicóptero para viajar a las zonas más afectadas y la Fuerza Aérea tardó cinco horas en proporcionarle uno.

La fiscal Huerta subrayó que a Bachelet "no se le entregó información respecto de lo que estaba pasando", y recordó que la exmandataria dio declaraciones dos horas después del terremoto sin mencionar el tsunami porque no había recibido información al respecto.

Raúl Meza, abogado de una de las familias querellantes anunció que pedirá al tribunal que declare la incompetencia de la fiscal Huerta para seguir investigando, por haber rechazado seis veces que Bachelet declarara como imputada.

El sismo fue el sexto de mayor magnitud registrado en la historia mundial. En él fallecieron 524 personas, hubo 800,000 damnificados y daños materiales por 30,000 millones de dólares.