MADRID (EFE) — El gobierno español aprobó este jueves una serie de medidas urgentes para evitar los desahucios por impago hipotecario de las familias más desfavorecidas que cumplan una serie de requisitos.

"Se trata de paralizar la fase final" de una ejecución hipotecaria, es decir, evitar que la familia afectada sea expulsada de su vivienda, para lo cual se establece una moratoria de dos años, explicó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz.

Podrán acogerse a estas medidas las familias numerosas, con hijos menores de tres años, con personas discapacitadas o deudores desempleados sin prestación, y que no superen un ingreso de 1,600 euros mensuales (2,041 dólares) y que sean, además, familias numerosa, con hijos menores de tres años, o que tengan a su cargo personas incapacitadas, o deudores desempleados sin prestación.

El gobierno aprobó igualmente la creación de un fondo social de viviendas que se destinarán a alquilarlas a las personas que hayan perdido su casa.

El ministro de Economía explicó que la bolsa de casas para alquilar se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

Las medidas llegan luego de que la sociedad española se conmocionara por el suicidio de dos personas que iban a ser desalojadas de sus viviendas. Uno de los casos es el de una exedil socialista, Amaya Egaña, de 53 años, quien vivía en el País Vasco.

La mujer se lanzó de su casa mientras una comitiva judicial subía por la escalera con la intención de expulsarla.

Otro hombre en Granada se ahorcó horas antes de su desalojo.

Las medidas también son anunciadas un día después de que España viviera la segunda huelga general este año en la que participaron 9.18 millones de trabajadores, de acuerdo con los sindicatos que llamaron al paro, así como manifestaciones en varias ciudades contra las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno en un intento por salir de la crisis económica.

Las manifestaciones terminaron con un saldo de 118 detenidos y más de 70 heridos en enfrentamientos con policías, de ellos, 40 eran uniformados, de acuerdo con cifras del gobierno español.