HONG KONG (CNN) — El gobierno de Maldivas indicó que tiene las manos atadas en el caso de una niña de 15 años condenada a 100 latigazos y ocho meses de detención en casa por tener relaciones sexuales antes del matrimonio.

El secretario de la Corte Juvenil confirmó este miércoles la sentencia impuesta el día anterior, después de que la chica confesó durante una audiencia judicial, ante la acusación de fornicación.

"Ella se está quedando en un hogar de niños ahora, así que le hemos ordenado permanecer ahí", dijo a CNN el secretario Zaima Nasheed Aboobakur.

"Le hemos explicado a ella que si quiere puede recibir el castigo (los azotes) en estos momentos (...) o puede ser pospuesto hasta que cumpla 18 años", agregó.

Amnistía Internacional dijo a CNN que la misma joven era una presunta víctima de abuso sexual, por parte de su padrastro.

La Corte Juvenil indicó que no tenía información sobre los cargos denunciados contra el padrastro de la niña, ya que ese caso estaba siendo tratado por la Corte Criminal. Un funcionario mencionó que los cargos por fornicación no tenían relación con el caso del padrastro.

No se ha informado sobre el nombre del padrastro de la niña.

CNN contactó a la oficina del fiscal, acerca de los detalles del caso en contra de la adolescente, y las acusaciones contra su padrastro.

En una respuesta por correo electrónico, el vicefiscal General dijo que la oficina está restringida por la ley, respecto a la cantidad de información que puede hacer pública, cuando se trata de un menor de edad.

Una portavoz de la oficina del presidente, Masood Imad, dijo a CNN que el gobierno considera que la adolescente es una víctima que no debe ser azotada, pero dijo que el gobierno no podía intervenir en el proceso judicial.

Imad restó importancia a los efectos físicos del castigo, al mencionar que es "ceremonial".

"Solo pretenden azotarla. No es un proceso doloroso (…) Es solo un símbolo, un ejercicio simbólico. Es una creencia", dijo Imad.

Human Rights Watch condenó el castigo de la niña, e instó al gobierno a cambiar la ley.

"Maldivas debe reformar urgentemente su legislación para garantizar la máxima protección para los niños”, dijo Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en el sur de Asia.

Maldivas está en un estado de cambio político, tras la renuncia el año pasado del primer presidente elegido democráticamente, Mohamed Nasheed, quien enfrenta cargos por abuso de poder, los cuales ha negado.