Senado otorga facultades a la Marina para combatir al crimen organizado
El Senado aprueba reformas legales para que no sean acusados de actuar fuera de sus facultades
Los diputados deben aprobar ahora las nuevas facultades de la Marina. (Cuartoscuro).
- Otorgan facultades para combatir al crimen organizado, pues es ya un problrma que afecta no sólo a la parte continental del país.
- La marina es la organización armada con menos sospechas de corrupción.
CIUDAD DE MÉXICO (CNN México) — El Senado aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México, para garantizar la protección legal a los marinos durante sus operaciones de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
El dictamen establece la reorganización de los mandos navales en los litorales del país para que se utilicen los recursos humanos y materiales necesarios en el combate a la delincuencia organizada de manera "óptima".
Con esta nueva ley, los marinos tendrán un marco jurídico en el que estarán protegidos ante la posibilidad de que se vean envueltos en conflictos legales por realizar tareas contra la delincuencia organizada.
"Esto ya que la comisión de delitos como el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, delincuencia organizada y otros de carácter internacional, no se limitan al territorio continental, sino que también se han extendido al territorio marítimo.
"Por ello se debe contar con un marco jurídico que respalde tanto las actividades relativas a la defensa exterior como las que derivan de la seguridad interior del país, buscando adecuar las normas con la realidad de los fenómenos sociales, nacionales e internacionales", argumentaron los legisladores en las comisiones.
La iniciativa aprobada señala que dadas las "grandes amenazas a la soberanía del país" que suponen el crimen organizado y el terrorismo obligan a México a contar con una Armada capaz de "erradicar, disuadir o neutralizar estas actividades ilícitas".
En el artículo 2 de la ley se establece que los marinos tienen autorización para proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el “Mando Supremo” lo ordene.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso en octubre de 2009, y luego de su aprobación por el Senado, debe ser avalada por la Cámara de Diputados.