Sin embargo, el Código de Justicia Militar ya prevé en su artículo 58 que los delitos "de orden común" cometidos por militares contra civiles se sancionen con base en los códigos penales civiles vigentes.

Según el gobierno federal, la propuesta busca cumplir la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de diciembre, por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.

El organismo internacional, que forma parte de la estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió poner fin a la contradicción entre la Constitución y el Código de Justicia Militar.

La sentencia, que es jurídicamente vinculante, por lo que su cumplimiento no es una alternativa sino una obligación, dice que el Estado mexicano debe acabar con los privilegios de los militares y sin importar el delito que cometan, de no estar vinculado al ámbito de la disciplina militar, debe ser juzgado por autoridades civiles.

La Corte repitió ese argumento en la sentencia del caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas violadas por un grupo de soldados.

Con la participación del ejército en el combate al crimen organizado, los abusos más comunes son la detención ilegal, el atentado a la integridad física, el abuso en el uso de la fuerza e incluso el homicidio, según informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En estas categorías pueden considerarse las muertes de dos estudiantes del Tec de Monterrey en un enfrentamiento entre militares y presuntos criminales, las de los menores Brayan y Martín Almanza al pasar por un retén militar y, finalmente, las de Vicente y Alejandro de León, atacados en el vehículo familiar por un convoy militar.

Todos estos casos han llegado a los tribunales militares, por lo que los soldados serán juzgados por el propio ejército.

Ante las críticas por los abusos, Calderón afirmó en 2009 en Gudalajara, durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama, que su gobierno tenía "un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos".

Luego invitó a sus críticos a que probaran "un caso, un solo caso en el que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad".

Según la CNDH, desde 2006, las denuncias por abusos de militares se triplicaron y en ese tiempo se documentaron "al menos 60 casos de abusos graves a los derechos humanos", que incluyen ejecuciones ilegales.

De aprobarse la propuesta presidencial, casos similares en el futuro tampoco llegarán a las autoridades civiles, si no se cometieron los delitos de desaparición forzada, violación o tortura.