Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), más de 16,000 militares han recibido capacitación en foros por el respeto de los derechos humanos. En esas sesiones de trabajo recibieron adiestramiento en el uso de armas de fuego.

El informe fue difundido el lunes 15 de noviembre, el mismo día en que los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron acribillados en un retén militar en el estado sureño de Tabasco. Los hombres, según las versiones de las autoridades, evadieron la revisión y dispararon contra los elementos castrenses. Los familiares de las víctimas aseguran que regresaban de una fiesta.

Sobre este tipo de incidentes, el presidente Felipe Calderón dijo en septiembre pasado que “la tarea de un militar es estar en el retén y que ningún vehículo pase sin ser revisado”.

El mandatario se refería a la muerte de otros dos civiles, Vicente de León Ramírez, de 52 años, y su hijo, Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, que murieron por los disparos de los soldados cuando rebasaron el convoy en el que se trasladaban.

Dos muertes más de civiles por las balas de las fuerzas armadas son las de los niños Brayan y Martín Almanza, de Ciudad Mier, Tamaulipas. Los menores, junto con sus padres, regresaban de sus vacaciones. Según el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la familia tenía el permiso para avanzar un retén de revisión pero al pasar el último vehículo militar, fueron agredidos.

La misma Comisión ha revisado el caso de dos estudiantes del Tec de Monterrey, en Nuevo León: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes murieron en un balacera que se suscitó en las inmediaciones del campus universitario cuando los militares se enfrentaron con presuntos narcotraficantes.