(CNNMéxico) — El congreso de Chihuahua, estado del norte de México, acordó iniciar un procedimiento de juicio político contra los tres jueces que dejaron libre al asesino confeso de la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de la fallecida activista Marisela Escobedo, informó a CNNMéxico el diputado local Gabriel Sepúlveda.

Durante la sesión de este martes, el Congreso decidió por unanimidad aceptar la solicitud de juicio político contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En abril de 2010, los jueces dejaron libre a Sergio Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, al considerar que no había pruebas que sustentaran su culpabilidad. El acusado había confesado el crimen ante policías y algunos conocidos, aunque se negó a declarar frente a los jueces.

La madre de la menor, Marisela Escobedo, impugnó la liberación y logró que un tribunal superior ordenara recapturar a Barraza, pero éste ya había huido. Desde entonces, Escobedo exigió justicia para su hija, hasta que a mediados de diciembre, en una manifestación frente al Palacio de Gobierno, fue asesinada.

Tanto su asesino como el de su hija se encuentran prófugos.

Este martes, el Congreso de Chihuahua integró la comisión jurisdiccional que llevará el procedimiento de juicio político. El órgano estará conformado por los diputados Gabriel Sepúlveda —presidente—, Raúl García, Abraham Ramírez, Brenda Ríos y Adrián Pacheco, informó a CNNMéxico personal de comunicación del Poder Legislativo local.

Para entrar en funciones, el decreto que crea la comisión debe ser publicado en el Periódico Oficial de Chihuahua, lo que puede ocurrir “esperamos que para el sábado a más tardar”, dijo Sepúlveda.

Después, con base en una agenda de trabajo, el órgano iniciará un periodo para citar a las partes y desahogar pruebas. Al término de esta etapa elaborará un dictamen sobre la responsabilidad de los jueces en la muerte de Rubí Frayre.

El texto será presentado al pleno del Congreso local y, para ser aprobado, requiere dos terceras partes de los votos de los diputados.

Si los jueces son encontrados responsables en el juicio político, podrían ser destituidos e inhabilitados para ejercer cualquier otro cargo público, expuso Sepúlveda. Actualmente, los jueces están suspendidos de sus cargos por disposición del Poder Judicial del estado.

Recientemente, anunciaron que si son procesados pedirán asilo y se quejarán ante instancias internacionales.

Chihuahua es el estado más grande y violento del país, afectado por la actividad de grupos del crimen organizado como cárteles del narcotráfico, secuestradores y extorsionadores.