(CNNMéxico) — El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llevó a instancias internacionales el caso del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

En un comunicado el organismo informa este juevesque Luis Arriaga, su director, presentó al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de Ginebra, un documento en el que se detallan afectaciones a la vida o a la integridad física y emocional de los menores lesionados debido al siniestro en el que murieron 49 niños.

En el documento se detalla que se perpetró una violación grave a los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes esperaban que hubiera condiciones mínimas de seguridad en la guardería que operaba bajo el esquema de subrogación a particulares de los servicios que debían ser proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El texto del Centro Prodh afirma que en las 1,480 estancias infantiles que operan bajo el mismo régimen legal, conocido como “vecinal comunitario”, por el que se ha pretendido reducir los gastos de operación del IMSS, se ha privilegiado el lucro sobre la prestación de un servicio que debería satisfacer los derechos humanos de las niñas y de los niños bajo su custodia.

Da cuenta el mismo documento de las acciones realizadas por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, integrado por los padres de algunas víctimas que han organizado numerosas protestas exigiendo justicia y han agotado las instancias judiciales del país.  

El documento da cuenta de las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que liberó de responsabilidad a los más altos funcionarios involucrados como el ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, y hace referencia a la investigación que evidenció el desorden generalizado que prevalece en el sistema general de guarderías subrogadas.

También en Ginebra el Centro Prodh entregó a Frank La Rue, Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, información actualizada acerca de los recientes hechos de “hostigamiento judicial” en contra de los periodistas de la revista Contralínea, al considerarlos ataques contra la libertad de expresión.