El 20 de septiembre, 35 cadáveres fueron arrojados frente a un centro comercial de la zona turística de Veracruz, en el Golfo de México.

Los primeros reportes oficiales estuvieron a cargo del entonces procurador estatal, Reynaldo Escobar, quien informó que se trataba de 23 hombres y 12 mujeres.

El funcionario indicó que algunos de los muertos fueron identificados gracias a Plataforma México, la base de datos del gobierno federal, y que “tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas con el crimen organizado, como el secuestro, la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo, entre otros delitos".

El subsecretario de Gobierno de la secretaría de Gobernación federal (Segob), Juan Marcos Gutiérrez, dijo que la masacre se debía a rivalidad delincuencial: "Creo que los datos que se tienen son suficientes para estimar que se trata de un tema entre bandas”.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, calificó de "aberrante e indignante" lo ocurrido, pero también señaló que "el mensaje es muy claro, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia. Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar", escribió en su cuenta oficial de Twitter.