(CNNMéxico) — Tras la elección de este 1 de julio, la próxima legislatura del Congreso de la Unión tendrá como principal prioridad dar salida a las reformas estructurales que han estado 'congeladas' durante los períodos anteriores.

Las reformas laboral, energética, y seguridad y justicia, así como una nueva revisión a la reforma política que ha demandado la sociedad, son algunos de los retos sobre los que deberá trabajar el nuevo poder legislativo.

Reforma energética

El 28 de noviembre de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación siete decretos que integraban la Reforma Energética, su objetivo es “fortalecer” Pemex como la empresa más importante del país. Sin embargo, en ese momento, diputados del PRI no pudieron regular la inversión privada directa a la paraestatal mexicana.

Reforma política

Desde el 2009, legisladores y un grupo de ciudadanos impulsaron cambios en el sistema político y electoral del país. Al final de la LXI Legislatura se aprobó una Reforma Política distinta de la propuesta original.

Luego de largas discusiones en ambas cámaras, los legisladores negaron la posibilidad de las candidaturas independientes, así como la reelección de senadores y diputados.

Seguridad y Justicia

Desde finales de 2011, el presidente Felipe Calderón exhortó al Congreso a que dictamine y apruebe las reformas a la ley de amparo y al Código Federal de Procedimientos Penales como parte de la reforma integral de seguridad y procuración de justicia. 

De igual forma, el Ejecutivo federal ha reiterado la necesidad de que los gobiernos estatales implementen la Reforma Penal aprobada en 2008, la cual establece el año 2016 como plazo para entrar totalmente en funcionamiento.

En el último período de sesiones de la legislatura que termina, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la Ley General de Víctimas que obliga al Estado a proteger a las personas afectadas por el crimen organizado o por violaciones a los derechos humanos.

Reforma fiscal

En materia económica, la próxima legislatura heredará algunas reformas pendientes y necesarias para el desarrollo económico de México. Entre ellas, el diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Costanzo, destaca la reforma de la Banca de Desarrollo, Fiscal y Presupuestaria.

Precisamente son esas reformas las que está demandando la cúpula empresarial mexicana y los banqueros del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se ha pronunciado por una simplificación tributaria con un solo impuesto directo, y aprovechamiento del potencial de los indirectos; reducción de tratamientos especiales para elevar la recaudación, y disminuir la dependencia de los ingresos petroleros.

En cuanto a la banca de desarrollo, pide que ésta asegure un apoyo concreto y decidido a las Pymes, con independencia de gestión, simplificación, expediente único, calificación inmediata y buró de crédito universal, así como la reforma laboral a fin de crear más y mejores empleos.

Iniciativa Privada

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) se han pronunciado por una Ley Nacional de Emprendedurismo que contenga, además de un esquema fiscal estratégico, dos componentes básicos: un fondo de apoyo con recursos estatales provenientes del impuesto sobre nómina, y un mecanismo que promueva las asociaciones entre Pymes y banca de desarrollo. 

En materia fiscal, la cúpula empresarial busca que se otorguen beneficios tributarios para crear empresas, generar empleos y registrar patentes.