(CNNMéxico) — Los recursos de nulidad o invalidez de la elección son las alternativas que analiza el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para hacer oficial su postura de no reconocer los comicios del pasado 1 de julio, dijo este lunes el candidato.

El abanderado del Movimiento Progresista desconoció las cifras que emitió el domingo el Instituto Federal Electoral (IFE) tras concluir los cómputos de los 300 consejos distritales.

“La ley habla de que son dos opciones, pero aclaro que hace falta saber el resultado de la elección, que tenemos dudas sobre eso (…) pero pasando al terreno legal, hay cuando menos dos vías: la nulidad y la invalidez de la elección. Entonces todo esto lo estamos sopesando, no queremos precipitarnos, está en juego el destino del país, la democracia, entonces vamos a utilizar todo el tiempo y el jueves a las 6 de la tarde vamos a tomar una definición”, dijo López Obrador en conferencia de prensa. 

Según los datos que el IFE turnó al Tribunal Electoral para la validación de la elección, el ganador de la contienda es el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, con el 38.21% de los votos; contra el 31.59% que obtuvo López Obrador.

El Tribunal tiene hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones que se presenten y expedir a más tardar el 6 de septiembre la constancia de presidente electo al ganador.

El candidato de la izquierda dijo la noche del 1 de julio que esperaría el cómputo distrital para fijar su postura respecto a los comicios. Un día después, denunció irregularidades en el 79% de las casillas instaladas y pidió a las autoridades electorales un recuento “voto por voto” de toda la elección.

Las autoridades electorales decidieron hacer un recuento en el 54.4% de las casillas. Tras completar el cómputo, la diferencia de poco más de 6% entre Peña Nieto y López Obrador no cambió.

En conferencia de prensa en un hotel del centro de la Ciudad de México, el candidato dijo que “el recuento no fue suficiente” y aseguró que su equipo ha “estado trabajando en elementos como la compra de votos que demuestran fehacientemente que se violó la Constitución, particularmente el artículo 41 constitucional, que establece que las elecciones deben ser limpias y auténticas”.

El equipo de López Obrador dice que buscará argumentar la invalidez de la elección si comprueba que el PRI violó la Constitución con la supuesta compra de "millones de votos" y el uso de dinero para la coacción del voto.

La otra opción, la de nulidad, se basaría en el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que la elección puede anularse sí el 25% de las casillas son anuladas por irregularidades, si el 25% no se pudo instalar o si el presidente electo es inelegible.

“Tengo el compromiso con todos los ciudadanos de México de luchar por la transparencia de esta elección. Tengo el compromiso con millones de mexicanos que depositaron su voto el 1 de julio”, dijo López Obrador.

Monreal presenta sus pruebas

El candidato de la izquierda dijo que esperaría hasta el jueves 12 de julio -fecha límite señalada por la ley para impugnar la elección ante el Tribunal-, para presentar todas las pruebas sobre “cómo operó el PRI” para hacer ganar a su candidato Enrique Peña Nieto, sin embargo, su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, mostró lo que consideró un "adelanto" de cómo actuaron los gobernadores priistas.

Monreal presentó el caso de Zacatecas, en el que acusó al gobernador, de extracción priista, Miguel Alonso Reyes, de designar para la compra de votos a cuatro funcionarios de primer nivel.

“Los gobernadores solicitaron apoyo a funcionarios de primer nivel en sus estados, que a su vez designaron gente y los funcionarios de tercer nivel fueron los que operaron por región, por zona, por municipio”, denunció Monreal, quien gobernó Zacatecas de 1998 a 2004.

“El caso que voy a presentar no es un asunto personal, si no es una posición política de la coalición, lo digo porque me da mucha tristeza por tratarse de mi estado, Zacatecas”, aclaró previo a presentar unos presuntos recibos por 100,000 y 600,000 pesos supuestamente emitidos por concepto de "movilizaciones" a favor de Peña Nieto.

“La indicación era ‘gasten todo, el nivel y el límite es el presupuesto y el gasto del año, aunque no hagamos nada para el municipio después de la elección’”, acusó Monreal tras involucrar en esta presunta operación al gobernador, al Oficial mayor, al Procurador y al Secretario de Planeación y Desarrollo de la entidad.

Entre las supuestas pruebas presentadas este lunes hay recibos fechados el 22 y 29 de junio y se denunció la operación de cuentas en Banorte e Inbursa y pagos a particulares.

El gobierno de Zacatecas calificó como “infundada” las acusaciones de la coalición Movimiento Progresista y asegura que quienes argumentan que se violó la ley “están obligados a probar su dicho antes las instancias competentes”.

En un comunicado la administración del priista Miguel Alonso, ofreció “toda la apertura y disposición a efecto de que se investiguen estas infundadas acusaciones”.

Aseguró que resulta ofensivo para la sociedad zacatecana, afirmar que la voluntad de los electores fue comprada con recursos públicos.

Detalló que el 1 de julio votó en Zacatecas el 61.95% del listado nominal, equivalente a  661,732  ciudadanos, equivalentes al 61.95% del listado nominal. De ellos, el 51.20 % lo hizo en favor de Enrique Peña Nieto.

Según López Obrador, además de Zacatecas, su equipo presentará pruebas de operaciones similares en entidades como Yucatán, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Durango y Nayarit.

Esta sería la segunda elección presidencial que Andrés Manuel López Obrador impugna ante el Tribunal Electoral. Hace seis años, cuando las autoridades electorales lo declararon perdedor de los comicios ante su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, el perredista también acudió a esa instancia.

A diferencia de 2006, cuando llamó a sus seguidores a instalar un plantón de mes y medio en avenida Paseo de la Reforma, López Obrador no ha hecho ningún llamado a movilizaciones sociales. El candidato insiste en que seguirá “por la vía de la legalidad” y agotará todo recurso legal.

El domingo, tras dar el último informe del cómputo distrital, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que “la limpieza y la legalidad del cómputo han cumplido su función como soporte para la gobernabilidad democrática del país. El recuento le dio transparencia a esta elección, el recuento es indudablemente garantía para la competencia y factor de fortaleza de nuestra democracia”.

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