El equipo jurídico argumentará ante las autoridades electorales que el reparto de monederos electrónicos Monex y de tarjetas Soriana, así como las presuntas aportaciones “indebidas” de gobernadores a la campaña de Peña Nieto, “constituyeron estructuras paralelas de financiamiento” a las establecidas por la ley.

“De acuerdo a la constitución y a la ley, el financiamiento de los candidatos solamente puede realizarse a través de los partidos políticos y ese financiamiento debe reportarse íntegramente a la autoridad electoral”, dijo Jaime Cárdenas.

Los recursos que se pudo haber invertido en los monederos y tarjetas de descuento, “no pasaron por el reporte a la autoridades electoral y por lo tanto, son estructuras paralelas de financiamiento”, aseguró.

Además, se integró un expediente de las entidades de Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Estado de México, que “utilizaron presupuesto público para financiar la campaña”, lo que implica una estructura paralela de financiamiento.

Finalmente, en el juicio de inconformidad se presentarán pruebas de “aportaciones de recursos desde el extranjero” que atentan contra el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Según el recurso legal del Movimiento Progresista, estas fuentes de financiamiento “son prueba de la violación al principio de libertad y autenticidad del proceso electoral, porque (fueron usadas para que el) voto fuera comprado, inhibido, coaccionado”.