(CNNMéxico) — Un mes después de que los mexicanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y renovar el Congreso, los principales actores del proceso se atrincheran para defender su postura sobre los comicios que deberán ser validados a más tardar en 37 días por el Tribunal Electoral.

El conteo oficial dio como virtual ganador a Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, ni la izquierda ni el movimiento estudiantil #YoSoy132 reconocieron el resultado y han denunciado supuestas prácticas irregulares ante las autoridades electorales.

El abanderado del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó un juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de los comicios, mientras que Peña Nieto optó por nombrar a un equipo de trabajo para “la defensa del voto” y dar los primeros pasos hacia el cambio de gobierno, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale el proceso y le entregue la constancia de candidato electo el próximo 6 de septiembre.

Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional (PAN), previo a irse de vacaciones, anunció que lideraría un movimiento ciudadano para "vigilar" al próximo gobierno e impulsar la agenda que propuso durante su campaña, pero además fue nombrada coordinadora de Acción Política de su partido para trabajar por la unidad de los panistas, aunque no ha tomado posesión del cargo.

Gabriel Quadri de Nueva Alianza anunció que volvería a su trabajo como consultor de políticas medioambientales no sin antes agradecer el voto de los mexicanos que permitió que ese partido conservara el registro y afianzara su sitio como la cuarta fuerza política en el país.

Tras la jornada electoral

La noche del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador anunció que no se pronunciaría respecto a los resultados preliminares de los comicios, que daban como ganador a Peña Nieto, hasta que concluyera el cómputo en los 300 distritos del país.

Dos días después, denunció irregularidades en el 78% de las casillas y exigió un recuento voto por voto en las 140,000 que se instalaron en el país. Los consejos distritales aprobaron entonces un recuento en más del 50% de los paquetes.

Tras el conteo oficial, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó como ganador virtual de la contienda a Enrique Peña Nieto con el 38% de los votos, contra el 32% que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, seguido por Josefina Vázquez Mota con el 25% y Gabriel Quadri con el 2.5%.

Al concluir el periodo marcado por la ley para impugnar la elección, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, presentó una estrategia que describió como “pacífica, apegada a la ley” con la que exige la invalidez de los comicios presidenciales al no considerarlos “libres y auténticos”.

López Obrador informó que no repetiría la estrategia de 2006, cuando Felipe Calderón ganó la elección superándolo por el 0.56% de los votos y el candidato de la izquierda encabezó movilizaciones de protesta que incluyeron el cierre por 50 días de Paseo de la Reforma, una de las más importantes de México, y la instalación de lo que llamó un “gobierno legítimo” tras denunciar que le habían “robado la Presidencia”.

Esta vez, la izquierda argumenta que el PRI y Peña Nieto, “intentan comprar la presidencia” tras, en su opinión, haber incurrido en violaciones constitucionales por seis razones:

1. Peña Nieto rebasó el tope de gasto de campaña por más de 1000%
2. Hubo manipulación de encuestas
3. Particulares adquirieron indebidamente espacio en radio y televisión para transmitir propaganda a favor del PRI
4. Hubo estructuras paralelas de financiamiento
5. Se incurrió en la compra y coacción del voto.
6. Negligencia de las autoridades electorales

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la estrategia del candidato de izquierda en este 2012, es parte de un plan para “mantenerse vigente” en la opinión pública.

El partido es el que se ha encargado de responder a las denuncias de López Obrador y el Movimiento Progresista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que su candidato Enrique Peña Nieto, ha propuesto trabajar “por la modernización” del PRI y por sacar las reformas que quedaron pendientes durante los sexenios panistas, como la energética, laboral, política y de seguridad nacional. 

Lavado de dinero y Honestidad Valiente

Además de las denuncias de López Obrador, se presentaron las del líder del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, quien en una conferencia de prensa con Jesús Zambrano, presidente del PRD, exigió investigar presuntas prácticas de lavado de dinero en la campaña de Peña Nieto.

Antes de la jornada electoral, el PAN había denunciado que a través de tarjetas de prepago de Banca Monex, el PRI presuntamente realizaba pagos a operadores que hacían labores de compra del voto, el Movimiento Progresista sumó este caso a su juicio de inconformidad ante el Tribunal.  

Sobre el caso Monex, el IFE aclaró que la Unidad de Fiscalización no tiene facultades para sancionar la compra y coacción del voto, si no únicamente el origen de los recursos utilizados durante los 90 días de campañas, sobre el tema sólo tiene jurisdicción la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que no se ha pronunciado al respecto.

El PRI, por su parte, confirmó que distribuyó 66 millones de pesos con tarjetas de prepago pero indicó que se utilizaron con “fines de organización” y para entregar recursos a representantes del partido.

Tras negar los señalamientos, los priistas acusaron a López Obrador de financiar sus actividades, evadir impuestos y propiciar un fraude fiscal a través de las organizaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana.

El PRI a través de su representante en el IFE, solicitaron que las autoridades electorales entreguen información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las operaciones de esas dos organizaciones civiles, que según ese partido, han incurrido en “defraudación al fisco”.

Según ese partido, López Obrador habría obtenido financiamiento irregular por 1,200 millones de pesos, lo que ha sido rechazado por el candidato mientras el caso es investigado por las autoridades electorales.

La “reconstrucción” panista

El PAN, por su parte, aprovechó este mes para denunciar una elección "inequitativa", aunque sin pruebas suficientes para invalidarla.

Sin embargo, ha habido algunas contradicciones sobre la postura del partido respecto a los comicios: mientras Gustavo Madero, líder nacional, se reunió con el PRD para denunciar el presunto uso irregular de recursos y exigir una investigación antes de validar un posible triunfo de Peña Nieto, la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, dijo que “no había duda” de que el priista sería el presidente a partir del 1 de diciembre.

Además, pese a que el Tribunal Electoral no ha calificado los comicios, el presidente Felipe Calderón recibió al priista en Los Pinos para hablar sobre la transición, un día antes de que Madero informara que sería hasta la segunda semana de agosto cuando se decidiría si los legisladores panistas asistirían a la toma de protesta del nuevo gobierno.

Entre Madero y Calderón ha habido diferencias sobre cuál debe ser el futuro del partido que ocupó la Presidencia en los últimos 12 años. El mandatario mexicano ha pedido “refundar al partido piedra por piedra”, pero el líder nacional panista asegura que ese termino no es el “adecuado”, pues hace falta sólo una “reflexión y reconstrucción”.

El PAN obtuvo en la elección presidencial 12 millones de votos, 27% menos que los ganados en el 2000 con Vicente Fox, el primer presidente no priista en México.

El papel de los jóvenes

Pero mientras el PRI insiste en llamar “calumnias” la denuncia panista y los argumentos de López Obrador para invalidar la elección, ha guardado silencio sobre las protestas encabezadas por el movimiento estudiantil #YoSoy132 que ha organizado, hasta ahora, dos marchas “contra la imposición” tras haber desconocido la jornada electoral del 1 de julio.

Los jóvenes se pronunciaron en contra de un proceso “viciado de origen, con instituciones incapaces de prevenir y sancionar las incontables anomalías que se llevaron a cabo (…) que presenta irregularidades suficientes para asegurar que no se trató de un proceso democrático”.

El movimiento estudiantil, que continúa con su posición de declararse apartidista y pacíficos, argumenta que los “poderes fácticos”, intervinieron en los comicios para “imponer” a un candidato como próximo presidente de México. 

En protesta, el 27 de julio pasado hicieron una toma simbólica de las instalaciones de la empresa Televisa para exigir “derecho de réplica” en ese medio de comunicación, por lo que consideran “delitos electorales y penales acontecidos antes, durante y después de la jornada electoral” y que sólo han sido denunciados por la ciudadanía y no por la prensa.

#YoSoy132 decidió manifestarse el próximo 1 de septiembre durante el inicio de labores de la próxima Legislatura, responder con un contrainforme el último Informe de Gobierno de Felipe Calderón y realizar otra protesta el 6 de septiembre, cuando ocurra el fallo del Tribunal Electoral federal sobre la elección presidencial.

El proceso electoral 2012 concluirá hasta entonces, cuando se entregue la constancia de presidente electo al candidato ganador, o en su caso, decida que es necesario llamar a una elección extraordinaria y nombrar a un presidente interino que sustituya a Calderón, lo cual es facultad del Congreso que tomará posesión el 1 de septiembre.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el PRI será mayoría, aunque no absoluta. La segunda fuerza será el PAN, seguido por el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  

Cinco meses después de que los mexicanos acudieron a las urnas, el 1 de diciembre, se realizará el cambio de poder, Felipe Calderón entregará la banda presidencial y con ello terminarán 12 años de gobiernos panistas en el país.

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