(CNNMéxico) — La CIDH pidió a las autoridades de México reabrir la Casa del Migrante San Juan Diego, en Tultitlán, Estado de México, que cerró sus puertas el 7 de julio porque los vecinos se quejaron de la falta de seguridad en la zona.

“Es necesario que el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias para que este centro pueda reabrir sus puertas”, dijo en un comunicado el relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González.

El funcionario de la CIDH exhortó a las autoridades a prevenir y combatir cualquier forma de discriminación racial y de xenofobia y promover el entendimiento entre los habitantes del Estado de México y los migrantes que transitan por el lugar.

El albergue ubicado en la colonia Lechería, en el norte de la Ciudad de México, un refugio temporal para atender a los migrantes indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica que se dirigen a Estados Unidos.

El organismo pidió a las autoridades del Estado de México que adopten las medidas necesarias para asegurar que los defensores que trabajan en el albergue desarrollen su trabajo en condiciones de seguridad.

“Entre la información recibida, se incluyen actos de hostigamiento y amenazas de parte de particulares contra el personal y los migrantes allí albergados”, señaló la CIDH.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, busca promover los derechos humanos en la región.

El albergue, que tenía capacidad para 70 personas pero habría llegado a albergar a 500, operaba desde 2009 por la Iglesia católica del lugar y se localizaba a unos 20 metros de la vía del tren que viaja desde Arriaga, Chiapas, hacia el norte de México.

La primera semana de julio se habilitó un comedor para migrantes en Huehuetocan, Estado de México, como alternativa al albergue cerrado pero no cuenta con la infraestructura para hospedaje.

El secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, informó en un comunicado el 11 de julio que trabajará con autoridades federales, municipales y vecinales, para hallar alternativas ante el cierre de la Casa del Migrante.

El gobierno del estado indicó que una alternativa sería la reubicación del albergue, con mayor control y seguridad.

El misionero católico Alejandro Solalinde dijo en una conferencia de prensa el 11 de julio que el cierre del albergue se debió por la irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales y la "insensibilidad" de la Iglesia católica sobre la situación de los migrantes.

"Para ellos (los migrantes centroamericanos) no hay lugar en la posada, un migrante no tiene lugar ahí y yo creo que es la convergencia de dos poderes que no se han visto muy solidarios al menos en su totalidad ahí hacia el migrante", señaló.

Los albergues proveen seguridad, alimentación e información a miles de migrantes, procedentes en su mayoría de Centroamérica, que transitan todos los años por México en busca de llegar a Estados Unidos.