El Congreso aprobó en abril la Ley General de Víctimas, una demanda que desde principios de 2011 organizaciones sociales y ciudadanos presentaron al gobierno de Calderón.

La legislación establece la obligación del Estado para brindar apoyo económico y protección a las personas que sean víctimas de la violencia o a sus familiares. La norma se elaboró a raíz de los reclamos contra la estrategia anticrimen de Calderón, cuyos detractores consideran que ha incrementado los hechos violentos en vez de disminuirlos.

El gobierno federal, sin embargo, se niega a promulgar el documento porque considera que los legisladores deben mejorarlo. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo en julio que si la ley se publica como está, se corre el riesgo de que los gobiernos estatales se nieguen a cumplirla. Con base en ese argumento, llamó a los legisladores a "sentarse a trabajar".

El Congreso niega estar obligado a hacer los cambios que plantea Calderón, porque las observaciones fueron hechas fuera de tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a una controversia constitucional para determinar quién tiene la razón.

La negativa del gobierno a publicar la ley le ha valido críticas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El poeta Javier Sicilia, líder de la agrupación, dijo recientemente que espera que Calderón "honre" su promesa de promulgar la legislación.