Movimiento Progresista argumentó que la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo durante la campaña "financiamiento encubierto, paralelo, de procedencia desconocida y prohibido por la ley", lo que atentó contra la libertad de la elección.

Sobre el presunto financiamiento a través de tarjetas de prepago Monex, los magistrados determinaron que si bien las pruebas presentadas muestran que el PRI entregó tarjetas de prepago a algunos de sus representantes en diversas entidades federativas, no se prueba el reparto de tarjetas a ciudadanos en general a cambio de su voto.

"No está demostrado que quienes las recibieron hayan llevado a cabo una función de movilización o alguna otra que se tradujera en el influjo o sugestión del electorado".

Sobre las notas periodísticas entregadas como pruebas sobre el caso, el Tribunal aclaró que estas solo "cuentan con valor demostrativo indiciario, carecen de eficacia probatoria por sí mismas al tratarse del producto de una investigación periodística y de la interpretación personal de quién las redactó".

Y respecto a la inversión de millones de pesos en tarjetas de prepago, los magistrados concluyeron que los elementos presentados "son insuficientes" para demostrar la compra y coacción del voto.