(CNN) — Autoridades de Estados Unidos recomendaron inmunidad para el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, por un caso presentado ante una corte federal de ese país sobre la presunta responsabilidad del mandatario en el caso de la masacre de Acteal, de 1997.

El año pasado, sobrevivientes del ataque y las familias de 45 pobladores que fueron asesinados en ese incidente presentaron una demanda civil en la que acusaban Zedillo de crímenes contra la humanidad.

Pero este viernes, el gobierno de EU registró un documento en la corte en el que expresó su apoyo al argumento de que el exmandatario debe tener inmunidad, para no ser procesado.

"Las acciones señaladas conforme están expuestas en la queja están basadas en las acciones del expresidente Zedillo como presidente de México, por los que involucran el ejercicio de sus poderes en el cargo”, indica el documento.

Y concluye: “Estados Unidos determinó que el ex presidente Zedillo goza de inmunidad ante esta demanda”.

Los argumentos de que Zedillo “debe ser considerado como responsable de la conducta dolosa de funcionarios de niveles inferiores solo en virtud de su posición como presidente en ese momento” no fueron suficientes para cambiar la valoración del Departamento de Estado estadounidense, detallaron funcionarios en el documento.

CNNMéxico y CNN intentó contactar al expresidente y a sus abogados para obtener su postura frente a la recomendación, pero aún no emiten comentarios al respecto.

El caso ha sido seguido de cerca por México y Estados Unidos, en especial porque el gobierno del presidente Felipe Calderón ─cuya administración ha sido acusada por violaciones a los derechos humanos en medio de la Estrategia Nacional de Seguridad en contra del crimen organizado─ está por terminar.

Zedillo fue presidente de México de 1994 a 2000. El caso civil en su contra fue presentado hace casi un año en Connecticut, donde vive y trabaja como académico de  la Universidad de Yale.

La demanda responsabiliza al exmandatario por la matanza de 45 pobladores indígenas de Chiapas, estado ubicado en el sureste de México, y por conspirar para encubrir el incidente.

De acuerdo con documentos de la corte, 10 demandantes anónimos buscaban una indemnización por reparación de daños de unos 50 millones de dólares.

Aunque los asesinatos ocurrieron en México, la demanda argumentaba que varias legislaciones de Estados Unidos y tratados internacionales ─incluida la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura─ le daban a la corte estadounidense jurisdicción para tratar este caso.

La masacre ocurrió el 22 de diciembre de 1997 y es considerado uno de los incidentes más brutales del conflicto armado que inició tres años antes en el sur de México, después de que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento armado, iniciara su lucha por los derechos de los indígenas.

Pero Zedillo ha negado las acusaciones de que su gobierno fue responsable por la matanza.

"Estas acusaciones anónimas que señalan que el presidente Zedillo fue de algún modo cómplice en los hechos de Acteal no tienen fundamento y son indignantes", dijo el exmandatario en enero, en un documento registrado ante la corte. "El ataque en Acteal cometido en 1997 fue una tragedia atroz. Pero esa tragedia no fue el resultado de una conspiración elaborada por el gobierno federal mexicano ideada por el presidente Zedillo".

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