GINEBRA (Notimex) — El titular del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, Claudio Grossman, dijo este viernes que espera que el gobierno del priista Enrique Peña Nieto atienda las recomendaciones que el organismo internacional ha hecho a México recientemente, luego de asuma el próximo 1 de diciembre.

“Esperamos el cumplimiento pleno de las obligaciones", dijo Grossman. “Es importante que (en México) haya investigación y castigo y que no haya impunidad", añadió.

Un grupo de 70 expertos del CAT pidió a México a principios de noviembre abolir la figura del arraigo, es decir, la detención de una persona mientras las autoridades recaban pruebas en su contra.

Durante el 2011 se registraron 2,167 arraigos, según datos proporcionados por la subprocuradora mexicana para Derechos Humanos, Ruth Villanueva, a principios de noviembre.

“Hay que abolir esta práctica (…) el arraigo puede llevar a torturas”, dijo en noviembre George Tugushi, uno de los integrantes del CAT.

El Comité también llamó la atención a la delegación mexicana sobre temas como el feminicidio, las condiciones de hacinamiento en las prisiones, la tortura, la desaparición y el asesinato de migrantes.

Grossman reiteró la preocupación del Comité por las “reiteradas denuncias” de desapariciones forzadas cometidas por el crimen organizado, que aparentemente actúa con apoyo directo o indirecto de autoridades, sobre todo en los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

También dijo que la información proporcionada por el gobierno de México con relación a las denuncias y sentencias por tortura es incompleta.

El funcionario de Naciones Unidas destacó como avances en México la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los militares que cometan delitos contra civiles deberán ser juzgados por cortes civiles, así como la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional (AI) sostiene que los casos de tortura aumentaron en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), como consecuencia de la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada para combatir a los cárteles de la droga.