(CNNMéxico) — El Congreso local de Veracruz aprobó este jueves una segunda reforma a la ley que castiga conductas como las que llevaron a la cárcel a dos usuarios de redes sociales acusados de "terrorismo equiparado y sabotaje" en septiembre de 2011. 

Los diputados locales de Veracruz, estado ubicado al sur de México, aprobaron una reforma que "se orienta a precisar" en qué casos se debe castigar a personas que incurran en las conductas establecidas en el artículo 373 del Código Penal que castiga la "perturbación del orden público". 

El delito de perturbación del orden público fue creado para suplir al de "terrorismo equiparado y sabotaje", que estaba previsto en el artículo 311 y que daba sentencias de hasta 30 años de cárcel sin derecho a fianza.

Los usuarios de redes sociales María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron acusados por el gobierno estatal de cometer ese delito por lo que fueron encarcelados en agosto de 2011 cuando difundieron mensajes sobre supuestos hechos de violencia en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

Mientras los tuiteros estaban presos, Javier Duarte reconoció el 12 de septiembre que no había un marco legal adecuado para juzgar a María de la Luz Bravo y Gilberto Martínez, y agregó que su iniciativa buscaba castigar a lo que llamó "terrorismo atenuado". 

Con esa primer reforma se castigaba "a quien afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público".

La nueva ley aprobada este jueves añade que la persona acusada debe actuar "a sabiendas" de que lo que está difundiendo es falso y después las autoridades judiciales tienen que constatar que la perturbación del orden público sea "efectivamente producida".

"(Se castigará) Al que, con la intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, a sabiendas de ello y por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o toxicas que puedan causar daño a la salud", dice el nuevo artículo.

Tanto el decreto recién aprobado como el anterior establecen entre uno y cuatro años de cárcel y multas de entre 500 y 1,000 salarios mínimos, según la magnitud de la alarma o perturbación del orden público.

En las consideraciones del nuevo dictamen se señala que el gobernador quiso ceñir las sanciones solo a los casos en los que se demuestre "la intención de perturbar el orden público. 

"El gobernador del Estado plantea modificar el texto del artículo citado, a efecto de que la sanción en él prevista, misma que permanece inalterable, proceda sólo cuando se demuestre la intención de perturbar el orden público y que la divulgación de información falsa se realice a sabiendas de que tiene este carácter", dice el dictamen aprobado.

El 31 de agosto de 2011, la procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) detuvo a Gilberto Martínez Vera, usuario de la cuenta de Twitter @gilius, y a María de Jesús Bravo Pagola, identificada como @maruchibravo, como presuntos responsables de la movilización ocurrida el jueves 25 de agosto de 2011.

@gilius publicó el 24 de agosto la sugerencia de crear una "red antigranadas en lugares públicos y escuelas" con el hashtag #Verfollow, y en su primer mensaje, emitido el 25 de agosto a las 10:57 horas (local), difundió que un grupo armado había secuestrado a cinco niños de una zona popular del municipio de Boca del Río: "#Verfollow confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado, psicosis total en la zona".

María de la Luz Bravo estuvo activa el 25 de agosto en su cuenta de Facebook. Recibió cientos de mensajes sobre hechos violentos que ella confirmaba o desmentía. Poco antes del mediodía, respondió a decenas de preguntas de algunos de los más de 4,500 seguidores que tiene en Facebook, y publicó: "ALERTA EN UNA ESCUELA DE BUENA VISTA CONFIRMADO".

A las 11:30 horas (local) insistió: "CONSERVEN LA CALMA.. CREO QUE LOS NIÑOS DEBEN ESTAR EN SUS CASAS..VAYAN POR ELLOS (sic)". 

Cientos de padres de familia acudieron por sus hijos a las escuelas por temor a los mensajes. El gobernador del estado, Javier Duarte, tuvo que aclarar ante medios que no había tal amenaza y dijo que perseguiría a los culpables por difundir esos mensajes.

Bravo Pagola y Martínez Vera permanecieron en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, y quedaron libres el 21 de septiembre de ese mismo año.