(CNNMéxico) — En México, un acto puede ser considerado un delito dependiendo de dónde se cometa. En el Distrito Federal, el choque entre dos automóviles no es considerado delito, pero en el Estado de México, Nuevo León y Chihuahua, sí. 

Hasta ahora, únicamente en la capital del país está despenalizado el aborto. Hay estados como Guanajuato, donde se sanciona hasta cuatro años de prisión. 

El 1 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer, como parte de las 13 decisiones iniciales de su gobierno, que enviará una iniciativa de reforma constitucional con el fin de que se aplique un solo Código Penal y uno de Procedimientos Penales en todo el país. 

No es la primera vez que un mandatario propone una medida así. En 2007, el ahora expresidente Felipe Calderón hizo la misma propuesta como parte de un paquete de reformas al sistema penal y judicial.

En ese entonces, hubo voces que rechazaron la unificación del código penal al señalar que iba en contra de la soberanía de cada estado y que ignoraría las diferencias culturales regionals.

En la versión final del paquete de reformas que aprobó el Congreso, se decidió no incluir la iniciativa que buscaba unificar los códigos penales y de procedimientos penals de todo el país.

Para Ricardo Franco, abogado penalista y exfiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de 1994 a 1996, la unificación de los códigos penales y de procedimiento penal podría acabar con el “caos” jurídico que prevalece en el país. 

“Hay estados en donde no hay adulterio y otros sí; en unos el aborto se considera como homicidio calificado y tiene pena de homicidio, en otros no; en unos hay delito de calumnia y en otros no; en unos hay delito de difamación en otros no, entonces el problema ha sido muy grave y esto ha beneficiado a los delincuentes en el sentido de que ellos se van de un estado a otro y en unos no cometen delitos y en otros sí”, explicó en entrevista telefónica.

Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que contar con un Código Penal único daría certeza jurídica a los mexicanos, que actualmente dependen del lugar en el que se encuentren para saber si se cometieron un delito.

“Le da coherencia al sistema penal en el sentido de que le da claridad jurídica a todos los habitantes de todo el país respecto de qué es delito, qué no es delito y cuáles son las penas que uno puede merecer”, dijo en entrevista.

Las propuestas de unificar los códigos penales existen desde la década de 1930, según Jorge Gutiérrez, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), pero esta es la primera vez que un presidente la coloca como prioridad desde el inicio de su gobierno.

“¿Por qué dar un tratamiento diferente de Los Cabos a Cancún cuando estamos hablando de los mismos bienes jurídicos?”, dijo.

Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  cree que contar con un solo Código Penal sería conveniente y que a excepción de casos muy específicos como el aborto o la eutanasia, la mayoría de las entidades estarían de acuerdo sobre qué se debe penar y qué no.

“Todos estamos de acuerdo en lo que es y lo que no es un delito, todos estamos de acuerdo por ejemplo que el homicidio es un delito, no es que en Jalisco consideren que no deba ser delito y en Tlaxcala consideren que no, todos estamos en que el secuestro debe ser un delito”, explicó.

Para que las entidades dejen de regirse por los Códigos Penales estatales, el Congreso debe aprobar una reforma constitucional que le quite la atribución a los estados de decidir cómo sancionar los delitos del fuero común. Para ello, el Congreso de la Unión debe aprobar la iniciativa de reforma con dos terceras partes de los votos y que por lo menos 17 congresos locales estén a favor de esa reforma.

Para Franco, Angulo y Gutiérrez, una de las dificultades de la búsqueda de un Código Penal unificado sería la necesidad de un “gran acuerdo nacional” en materia penal que podría tardar en lograrse.