CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El desacuerdo en un solo tema frenó la aprobación en el Senado de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto para reorganizar las secretarías de Estado, apenas cuatro días después de que los principales partidos se comprometieran a llegar a consensos e impulsar iniciativas juntos. 

Durante la discusión particular, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que milita el presidente, se habían pronunciado por eliminar del documento la obligación de que dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) sean ratificados por la Cámara alta.

Por el contrario, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) pedían incluirla argumentando que la medida permitiría al Congreso vigilar la actuación del gobierno. 

Al momento de la votación, ante la mayoría del PRI, los legisladores del PAN y del PRD decidieron no votar, salir del salón del pleno y provocar la falta de quórum, una estrategia que más tarde describieron como una “herramienta” válida en cualquier Parlamento del mundo. 

El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, declaró entonces suspendida la sesión, lo que causó la molestia de los priistas.

Desde su escaño, el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, le exigió continuar con la votación. Cordero se negó y dejó el salón en medio de gritos de “¡Fuera, fuera!” y “¡Fuera Cordero!”.

Apenas el domingo, ambos políticos habían asistido a la firma del Pacto por México, un convenio con el que el PRI, el PAN y el PRD se comprometen a impulsar reformas legislativas juntos. 

Molestos, los priistas reprobaron la decisión de Cordero de terminar la sesión, tomaron la tribuna unos minutos —una práctica por la que suelen criticar al PRD— y cantaron el himno nacional. 

“¡Fuera Cordero!”, volvieron a gritar algunos senadores priistas.

Otros advirtieron que podrían iniciar un procedimiento para destituirlo como presidente de la Mesa Directiva.

Momentos antes, los panistas Héctor Larios y Javier Corral, así como los perredistas Manuel Camacho Solís y Armando Ríos Piter, habían explicado la razón de su descontento. 

Al oponerse a la ratificación del comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) —señalaron en sus intervenciones desde la tribuna—, el PRI rompe los acuerdos establecidos esta semana para imponer “controles” a la labor de la transformada Segob.

Camacho incluso acusó a los priistas de “regatear” los cambios al documento.

Al respecto, Gamboa dijo a periodistas que lo que el PRI busca es que esa medida se establezca en la Constitución, no en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

“Aquí está el acuse de recibo de la reforma constitucional para que quedara en la Constitución la ratificación de estos nombramientos. No quisieron aceptarlo. Lo lamentamos mucho. Yo estoy convencido de que el diálogo va a seguir, pero tenemos que fijar nuevas reglas”, señaló.

Por su parte, panistas y perredistas defendieron su decisión de no votar para que la sesión se suspendiera.

“Hemos propuesto cambios sensatos, moderados, razonables”, dijo el panista Roberto Gil Zuarth.

Su correligionario Héctor Larios negó que el desacuerdo de este jueves vaya a afectar el Pacto por México, aunque cuestionó la capacidad del PRI para cumplir su palabra. 

“El Pacto por México no está en riesgo… Lo que está en duda es la credibilidad del PRI”, dijo.

La discusión de la reforma a la organización del gobierno federal se produjo tras varios días de negociaciones a puerta cerrada entre los partidos. El documento avalado por la Cámara de Diputados en noviembre fue dictaminado en las comisiones del Senado el miércoles.

Entre otros puntos, la iniciativa del presidente Peña Nieto plantea que desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y sus funciones sean asumidas por Gobernación. También establece la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que la de Reforma Agraria (SRA) se transforme en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las diferencias en torno a la reforma se producen antes de que deban comenzar las negociaciones por el presupuesto del próximo año, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé entregar al Congreso este viernes. Por ley, el paquete económico debe quedar aprobado antes del 31 de diciembre.

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