ACTEAL, Chiapas (CNNMéxico) — Un grupo de sobrevivientes de la matanza de Acteal, en la que murieron 45 indígenas tzotziles de esa localidad del estado de Chiapas, en el sur de México, exigieron este sábado que el Estado castigue a los responsables de la masacre.

Durante una marcha y una ceremonia religiosa por el 15 aniversario de los hechos, afirmaron que hasta ahora las autoridades no han tenido voluntad para actuar contra los involucrados y demandaron que se enjuicie a exaltos funcionarios, entre ellos Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 al 2000, y Emilio Chuayffet, quien era secretario de Gobernación cuando ocurrió la matanza y actual secretario de Educación Pública.

"Los autores materiales e intelectuales gozan de total libertad. No hay justicia, no hay verdad. (…) El gobierno sigue negando que la masacre es un crimen de Estado, y lejos de hacer una investigación a fondo, sigue con su estrategia de contrainsurgencia para hostigar a nuestra organización, Las Abejas. Este clima ha favorecido en gran medida la reactivación de los paramilitares", expresaron los manifestantes en una declaración leída en el acto conmemorativo.

"Han pasado los años y parece que nunca se llegará al fondo de la verdad ni a una justicia verdadera", dijo el sacerdote Enrique Díaz durante la misa para recordar la matanza, según un reporte de la agencia Notimex.

Algunos habitantes de Acteal acusan al gobierno de Zedillo de haber fomentado e incluso planeado la masacre, apoyando la formación de grupos armados en la zona.

El 22 de diciembre de 1997, una de esas agrupaciones entró a una iglesia de la localidad y asesinó a 45 pobladores que pertenecían a Las Abejas: 21 mujeres —cuatro de ellas embarazadas—, 15 niños y nueve hombres. Otras 25 personas resultaron heridas.

Los hechos sucedieron casi cuatro años después de la aparición de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los habitantes de Acteal consideran que las autoridades respaldaron a paramilitares de la región para contrarrestar la influencia de los zapatistas, una versión que el gobierno ha negado desde entonces.

Zedillo incluso ha descrito esos señalamientos como calumnias y este año obtuvo inmunidad en Estados Unidos —donde reside— frente a una denuncia interpuesta por supuestos sobrevivientes de la masacre, que no han revelado su identidad argumentando razones de seguridad.

Durante las manifestaciones de este sábado, los sobrevivientes y familiares de las víctimas criticaron que Chuayffet, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), haya sido nombrado secretario de Educación por el nuevo gobierno, que encabeza su correligionario Enrique Peña Nieto.

"Le preguntamos: ¿qué va a hacer en la educación pública? ¿Será la de enseñar cómo se masacran niños y niñas? No nos olvidamos que Chuayffet era secretario de Gobernación cuando sucedió la masacre de Acteal y sabía lo que iba a ocurrir y no evitó la masacre", dijeron los manifestantes.

También demandaron que se enjuicie a Julio César Ruiz Ferro, exgobernador chiapaneco; Mario Renán Castillo, excomandante de región militar, y Miguel Ángel Godínez, exsecretario de la Defensa.

"Ahora continúa esta cadena de manipulación, de ingobernabilidad y de corrupción. Porque han pasado ya tres sexenios, pero ningún gobierno ha tenido voluntad de dictar solución al caso Acteal; todos estos años que han transcurrido únicamente se han empeñado a crear condiciones de olvido, de impunidad e injusticia", insistieron los manifestantes.

Tras la masacre, decenas de indígenas fueron detenidos y encarcelados por su presunta participación en el caso. En 2009, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación por las irregularidades registradas en los procesos que los llevaron a prisión.

La decisión ha generado más polémica sobre el origen de la matanza y el papel de las autoridades mexicanas de distintos niveles.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) aseguró este sábado en ese contexto que México sigue "en deuda de justicia" por los hechos.

"AI hace un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para exigirles que cumplan con su obligación de asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la masacre de Acteal. Sin justicia en este y en otros casos, las autoridades condenan a las comunidades al miedo y el peligro de más violencia", señaló la agrupación en un comunicado.

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