En septiembre del 2012, los ministros de la Primera Sala de la SCJN ordenó la inmediata liberación del indígena Manuel Sántiz Pérez, encarcelado por su presunta responsabilidad en el asesinato de 45 indígenas en Acteal, en diciembre de 1997.

Siete meses antes, el máximo tribunal de justicia había dictado el excarcelamiento de otras siete personas acusadas de haber participado en dicha masacre. En ese entonces, los ministros determinaron que las pruebas presentadas en contra de éstas personas por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, eran ilícitas y estaban viciadas.

Estas siete personas estaban acusadas de participar en los hechos del 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de 100 hombres armados irrumpió en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas, y asesinó a 45 indígenas tzotziles, entre los que había hombres, mujeres y 15 niños.

También en el caso de Sántiz Pérez, los integrantes de la Primera Sala de la SCJN consideraron que las pruebas mediante las cuales se le condenó estaban viciadas y que “se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad”, según un comunicado difundido por la Corte.

En el 2009, la Primera Sala de la SCJN había ordenado la liberación de por lo menos 20 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal.