(CNNMéxico) — La publicación de la Ley de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación es solo el primer paso para hacer efectiva la justicia de las víctimas en México.

Para sus impulsores, queda un largo camino, después de la satisfacción que deja la promulgación de la Ley, promovida principalmente por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y vetada por el expresidente Felipe Calderón.

“Tenemos trabajo para rato”, dijo a CNNMéxico Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación, una de las organizaciones  base del MPJD.

El objetivo ahora es la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es la base troncal de la Ley.

Su primera implicación directa será la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por Calderón a fines de 2011.

La Ley entrará en vigor en 30 días y el primer asunto que el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá resolver es conseguir el presupuesto para la operación del sistema, porque como la Ley no estaba publicada no se le asignaron recursos en el presupuesto de 2013.

“No hay un presupuesto asignado pero si hay dinero que podría asignarse de otras áreas, como la misma Províctima, que tiene un presupuesto asignado de 700 millones”, explicó Julio Hernández Barros, uno de los especialistas del instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) que participó activamente en la elaboración de la ley.

CNNMéxico intentó contactar a Províctima para dar a conocer su postura, pero no fue posible localizarlos de forma inmediata.

El reglamento y la forma de operación

El siguiente problema que enfrenta el sistema es la construcción del reglamento y sus espejos en los estados, así como la conformación del Comité Ejecutivo, que será el órgano rector del sistema y decidirá las medidas de apoyo que se otorgarán en cada caso.

El Comité estará integrado por cinco expertos promovidos por las universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos con experiencia en derechos humanos, que deben ser aprobados por el Senado a propuesta del presidente.

La ley de Víctimas fue diseñada y perfeccionada por distintos actores en los primeros meses de 2012. Participaron especialistas del Inacipe y de la UNAM, con el apoyo de abogados de la oficina en México de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Cencos, Serapaz, Fundar y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Su columna vertebral es el sistema nacional de atención a víctimas, a través del cual, los gobiernos —federal, estatales y municipales— deberán asumir los costos por los daños físicos, mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas de delitos graves, sin importar si el victimario fue delincuente o agente del estado, ni cuándo ocurrió la agresión, de manera que la ley cobija también a las víctimas de la “guerra sucia”.

Quién va a cubrir los daños a las víctimas

En el ideal de la Ley, cualquier víctima tendrá representación de abogados capacitados, recibirá el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya desembolsado para llevar su caso ante tribunales, y será acreedores de servicios médicos y becas educativas. Pero sobre todo, las víctimas tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y a gozar garantías para que no se repitan esos actos.

Lo que no está claro es cómo se obligará a las autoridades estatales y municipales –a las que muchas víctimas identifican como responsables del delito— a cumplir con estas disposiciones.

 “La ley no contiene un capítulo de delitos deliberadamente porque esas ya son conductas tipificadas en la ley”, explicó Hernández Barros.

La versión original de la ley establecía la creación de asesores jurídicos victimales en todas las procuradurías, que fueran contrapartes del Ministerio Público, pero el priista Jesús Murillo Karam –uno de los principales aliados del MPJD para la reactivación de la ley - pidió cambiarlo para no socavar las funciones de los defensores de oficio y en su lugar se creará la Asesoría Jurídica Federal, un área que dependerá del Comité Ejecutivo.

-¿No duplicarán  el trabajo de las comisiones de derechos humanos?

- “En cierta medida, sí. Es una respuesta a la ineficacia de algunas comisiones de derechos humanos­, que al mismo tiempo fueron una respuesta a la ineficacia del sistema judicial”, aceptó ­­Hernández Barros, quien estima que el sistema requerirá poco más de 1,000 millones de pesos anuales para funcionar.

El reto mayor, sin embargo, será la capacidad de respuesta a una demanda de justicia por una estrategia de seguridad que solo en seis años, según organizaciones de derechos humanos, dejó al menos 80,000 personas asesinadas, 25,000 desaparecidas, 250,000 desplazadas y más de 300,000 huérfanos, viudas o sin sostén económico.

“Sí, es un largo camino, pero entre lo que había (Províctima) y esta Ley, es como pasar de un triciclo a un Ferrari”, resumió el jurista.