CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Manuel Mondragón y Kalb, el funcionario propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como comisionado nacional de seguridad, prometió este viernes que el gobierno federal estará abierto a recibir críticas a su estrategia en la materia, que se prevé esté enfocada a disminuir los llamados delitos de alto impacto social.

"Las críticas, como aquí se dijo, siempre constructivas, siempre aportando algo, para mí son fundamentales. Creo que nadie puede funcionar si cree que tiene la verdad en su poder", dijo Mondragón en rueda de prensa, luego de reunirse en privado durante unas tres horas con senadores de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta.

Mondragón, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, actualmente ocupa la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para asumir como comisionado nacional de seguridad —un cargo que tendrá el mando de la Policía Federal y la supervisión de los penales federales, entre otras atribuciones— necesita ser ratificado por el Senado.

Ante periodistas, el funcionario reconoció también que en México existen "estados más complejos, municipios difíciles" en materia de seguridad, pero rechazó que existan "focos rojos" al inicio del sexenio de Peña Nieto, que ocupará la presidencia de 2012 a 2018.

"El país está en relativa calma. (...) No puedo acusar que tengamos focos rojos que se hayan despertado ahora al arranque de esta administración", dijo.

El gobierno anterior, que encabezó Felipe Calderón, desplegó una estrategia frontal de lucha contra el crimen organizado que, según algunas organizaciones civiles, incrementó la violencia en México. Desde diciembre de 2006 a mediados de 2011, más de 47,000 personas murieron en acciones derivadas de la delincuencia.

Mondragón rechazó referirse al plan anticrimen que ejecutó Calderón y dijo que se encuentra en el análisis particular de tres áreas: la Policía Federal, los penales federales y la Plataforma México, una base de datos sobre la actividad delictiva.

El funcionario dirigió la policía de la capital de 2008 a diciembre de 2012, cuando Peña Nieto formalizó su inclusión en su equipo de trabajo.

De ser ratificado, ocupará un puesto clave en el plan de seguridad del gobierno, que incluye la división de los operativos contra el crimen en cinco regiones, medidas para disminuir la incidencia de homicidios, extorsiones y secuestros, y la creación de una Gendarmería Nacional, un cuerpo policial con preparación militar que operaría en las zonas más violentas del país.

Su ratificación aún está en suspenso porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que milita Peña Nieto, ha anunciado que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la obligación de que el Senado deba ratificar al comisionado nacional de seguridad.

Los priistas consideran que la Cámara alta no tiene esa facultad y pueden pedir a la Corte que evite la entrada en vigor de esa disposición mientras el caso se resuelve.

El 10 de enero, el gobierno federal dio a conocer que su estrategia de seguridad se basará en seis líneas de acción: planeación, prevención, coordinación entre autoridades estatales y federales, respeto a los derechos humanos, transformación institucional con mejor capacitación policial y evaluación de la estrategia para un posible replanteamiento.

Para ello, anunció que dividirá el país en cinco regiones para implementar políticas de seguridad según las necesidades de las entidades federativas y la actuación de los grupos criminales.