CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La ciudadana francesa Florence Cassez, que cumple en México una condena de 60 años de prisión por el delito de secuestro, tiene este miércoles otra oportunidad de acercarse a quedar en libertad, a raíz de la nueva revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hará de su caso.

En su sesión, la Primera Sala del máximo tribunal del país discutirá un proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero que analiza la petición de Cassez para que se le conceda un amparo y quede en libertad, bajo el argumento de que en el juicio en su contra se violaron sus derechos a un debido proceso.

El proyecto de Sánchez Cordero no es público, aunque fuentes consultadas por algunos medios han señalado que el documento plantea conceder a Cassez no un amparo directo sino uno "para efectos", es decir, la orden para que un tribunal le dicte una nueva sentencia, sin tomar en cuenta las evidencias que se hayan conseguido ilegalmente.

Cassez fue detenida en diciembre de 2005 por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), que dirigía Genaro García Luna. Las autoridades la acusaron entonces de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco y de participar en al menos tres secuestros.

La francesa asegura que las pruebas en su contra fueron fabricadas.

Dos meses después de su captura, García Luna admitió que la AFI recreó el operativo que llevó a la detención de Cassez para que pudieran captarlo los periodistas, uno de los hechos que han generado dudas sobre la acusación.

El escenario probable

La posibilidad de que la SCJN conceda a Cassez el amparo para efectos es el escenario más probable para el caso, si se toman en cuenta las posturas antes expresadas por los ministros, dijo el académico Héctor López Bello, profesor de Derecho de la Universidad Panamericana (UP). 

La Primera Sala discutió el caso por primera vez en marzo de 2012, cuando el ministro Arturo Zaldívar propuso otorgar a Cassez la libertad inmediata porque, argumentó entonces, las autoridades mexicanas incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante su detención y enjuiciamiento, como negarle asistencia consular. 

En aquella ocasión, el proyecto obtuvo una votación dividida: Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a favor; José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra, aunque reconocieron que se violaron los derechos de Cassez, y Guillermo Ortiz Mayagoitia —quien ya concluyó su periodo como ministro— consideró que la SCJN no tenía por qué pronunciarse sobre el caso. 

Ante la división, los ministros acordaron que Sánchez Cordero elaborara un nuevo proyecto que conciliara las diferentes posiciones mostradas en la Primera Sala.

Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho del Tec de Monterrey, estimó que la ministra "va a guardar distancia" respecto del proyecto de Zaldívar, pero presentará una postura a favor de los derechos de Cassez, como hizo en la primera votación.

"Para mí el escenario más lógico (...) es que ella sea congruente con esa posición", dijo.

López Bello señaló que si la Corte concede a Cassez el amparo para efectos, se abre la posibilidad de que el tribunal que deba dictar la nueva sentencia resuelva dejarla en libertad por falta de pruebas, porque las evidencias en que se ha sustentado su culpabilidad tendrían que desecharse. 

Las otras posibilidades

El segundo escenario para el caso, que los juristas toman como el menos probable, es que la Corte confirme la condena contra Cassez.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha planteado una tercera posibilidad: que la Corte otorgue a Cassez el amparo directo y, con ello, su inmediata liberación. 

Luis González Plascencia, presidente de la CDHDF, dijo recientemente a medios que el órgano haría esa petición a la SCJN.

"Lo que nosotros pensamos es que el amparo para efectos es un recurso antigarantista que puede producir un efecto en espiral que implique que el asunto no se resuelva pronto", señaló.

Rodríguez Santibáñez coincidió con González Plascencia en que si la Corte quiere asumir una posición de defensa de los derechos humanos, tendría que conceder el amparo directo.

La polémica con Francia

El caso de Cassez ha generado polémica en México y Francia durante más de siete años.

Algunas organizaciones civiles mexicanas —principalmente Alto al Secuestro, encabezada por Isabel Miranda de Wallace— afirman que Cassez es culpable y debe permanecer en prisión. Otros activistas —entre ellos Eduardo Gallo, expresidente de México Unido contra la Delincuencia— consideran que debe salir libre porque no es sólida la acusación en su contra.

En varias ocasiones, además, el gobierno francés ha solicitado al mexicano que Cassez sea extraditada a Francia para que termine de cumplir su condena ahí. Hasta ahora, México ha rechazado la petición, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas.

Las autoridades de ambos países han declarado recientemente que respetarán el nuevo fallo de la Corte.