(CNNMéxico) — La liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez que ordenaron los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dividido la opinión de los abogados y defensores de los derechos humanos y de las víctimas por las implicaciones que el hecho podría tener a futuro en el sistema judicial mexicano.

Para algunos, la resolución del máximo tribunal de justicia en México marca un precedente para evitar integrar expedientes y averiguaciones previas a costa de los derechos humanos de los presuntos delincuentes, mientras que otros critican que los derechos de las víctimas pasaron a segundo plano al liberar a alguien sin averiguar antes sobre su culpabilidad o inocencia.

Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  —organización que había presentado un amicus curiae a favor de la revisión de las violaciones cometidas en el caso Cassez— consideró que la resolución de la Corte sienta un precedente sobre la importancia del respeto al debido proceso.

Para Amezcua, la decisión de la Corte estuvo basada en “criterios progresistas” con respecto al debido proceso y “eso tiene el efecto de afectar infinidad de casos que están viciados el sistema de justicia mexicano en el que hay pruebas fabricadas, hay violaciones claras al principio del debido proceso como el principio de presunción de inocencia”.

Samuel González, consultor internacional en materia de seguridad pública y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la resolución de los ministros estuvo influenciada por el hecho de que era un “asunto de Estado”.

“El asunto de Florence Cassez es un caso de Estado, no es un caso normal, es un caso donde intervino de manera dramática el gobierno francés y es un caso que nunca se ha tramitado por cuerda normal. Si yo creyera que este es un caso normal, las implicaciones del caso serían dramáticas para la justicia”, indicó.

Uno de los elementos que fueron tomados en cuenta por los tres ministros que votaron a favor de otorgar un amparo a la francesa fue que las autoridades la obligaron a participar en un montaje televisivo que pudo afectar el sentido de los testimonios de las presuntas víctimas de secuestro.

Los activistas protestan

Desde que Cassez fue sentenciada y su defensa comenzó a promover amparos, algunas organizaciones argumentaron que debía permanecer encarcelada por respeto a los derechos de las víctimas, independientemente de los derechos que se hayan violado. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, fue una de ellas.

“Hoy quedó de manifiesto que las víctimas no cuentan, hoy quedo de manifiesto que lo que vale es el poder, el dinero y las relaciones y creo que hoy dejan a las víctimas con las manos vacías y el mensaje es de impunidad, hoy ya no van a tener que abrirle la puerta a los capos con corrupción, hoy se la acaba de abrir la Suprema Corte de Justicia”, dijo Miranda de Wallace al salir de la sesión de la Primera Sala a la que acudió acompañada de una de las presuntas víctimas del secuestro a manos de Cassez.

María Elena Morera, activista y presidenta de la organización Causa en Común, consideró que la SCJN dejó desprotegidas a las víctimas y pidió a los ministros explicar cómo su resolución del caso Cassez podría mejorar la impartición de justicia en México.

En entrevista telefónica con CNNMéxico, Morera dijo que la liberación de Cassez es motivo de preocupación porque cualquier delincuente que haya sido exhibido por las autoridades ante los medios de comunicación como presunto criminal, podría utilizar los mismos argumentos que fueron empleados en el caso Cassez para pedir su libertad.

Para Agustín Acosta, abogado de Cassez, la decisión de la Primera Sala del máximo tribunal de justicia fue un mensaje a las autoridades en el sentido de que los abusos y las violaciones de derechos humanos no deben ser tolerados en México.

“En el proceso contra Florence Cassez no había certeza de nada. Solamente hay certeza de manipulación y de violaciones de los derechos humanos y, como lo dijeron las víctimas, entiendo perfectamente que tienen derecho a la justicia y a la verdad pero el caso Florence Cassez no ofrecía ninguna verdad”, dijo en entrevista con CNNMéxico.

Para la organización México Unido contra la Delincuencia, las fallas en el sistema de procuración de justicia violó por igual los derechos de Cassez y los de las víctimas por las fallas cometidas por las autoridades encargadas de la investigación.

“Un Estado que actúa de forma discrecional y sin apego a los derechos procesales más elementales de los inculpados fracasará sistemáticamente en el intento de impartir justicia”, señaló en un comunicado.

Hasta el mediodía del miércoles 23 de enero, Cassez se encontraba pagando una pena de 60 años  de prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, tras haber sido detenida por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en diciembre de 2005.

Después de varias apelaciones por parte de sus abogados que señalaron irregularidades en la integración de la averiguación previa del caso, finalmente los ministros de la SCJN determinaron otorgarle un amparo a la francesa, lo que resultó en su inmediata liberación.

Si bien el caso Cassez había llegado a la SCJN en marzo del 2012, en ese entonces los ministros no llegaron a un acuerdo, por lo que se determinó integrar un nuevo proyecto de resolución, a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

Después de siete años en prisión, Cassez salió en libertad este miércoles e inmediatamente se trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde donde se trasladó a su país de origen.

Para Amezcua, la decisión de la Corte estuvo basada en “criterios progresistas” con respecto al debido proceso y “eso tiene el efecto de afectar infinidad de casos que están viciados el sistema de justicia mexicano en el que hay pruebas fabricadas, hay violaciones claras al principio del debido proceso como el principio de presunción de inocencia”.

Samuel González, consultor internacional en materia de seguridad pública y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la resolución de los ministros estuvo influenciada por el hecho de que era un “asunto de Estado”.

“El asunto de Florence Cassez es un caso de Estado, no es un caso normal, es un caso donde intervino de manera dramática el gobierno francés y es un caso que nunca se ha tramitado por cuerda normal. Si yo creyera que este es un caso normal, las implicaciones del caso serían dramáticas para la justicia”, indicó.

Uno de los elementos que fueron tomados en cuenta por los tres ministros que votaron a favor de otorgar un amparo a la francesa fue que las autoridades la obligaron a participar en un montaje televisivo que pudo afectar el sentido de los testimonios de las presuntas víctimas de secuestro.

Los activistas protestan

Desde que Cassez fue sentenciada y su defensa comenzó a promover amparos, algunas organizaciones argumentaron que debía permanecer encarcelada por respeto a los derechos de las víctimas, independientemente de los derechos que se hayan violado. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, fue una de ellas.

“Hoy quedó de manifiesto que las víctimas no cuentan, hoy quedo de manifiesto que lo que vale es el poder, el dinero y las relaciones y creo que hoy dejan a las víctimas con las manos vacías y el mensaje es de impunidad, hoy ya no van a tener que abrirle la puerta a los capos con corrupción, hoy se la acaba de abrir la Suprema Corte de Justicia”, dijo Miranda de Wallace al salir de la sesión de la Primera Sala a la que acudió acompañada de una de las presuntas víctimas del secuestro a manos de Cassez.

María Elena Morera, activista y presidenta de la organización Causa en Común, consideró que la SCJN dejó desprotegidas a las víctimas y pidió a los ministros explicar cómo su resolución del caso Cassez podría mejorar la impartición de justica en México.

En entrevista telefónica con CNNMéxico, Morera dijo que la liberación de Cassez es motivo de preocupación porque cualquier delincuente que haya sido exhibido por las autoridades ante los medios de comunicación como presunto criminal, podría utilizar los mismos argumentos que fueron empleados en el caso Cassez para pedir su libertad.

Para Agustín Acosta, abogado de Cassez, la decisión de la Primera Sala del máximo tribunal de justicia fue un mensaje a las autoridades en el sentido de que los abusos y las violaciones de derechos humanos no deben ser tolerados en México.

“En el proceso contra Florence Cassez no había certeza de nada. Solamente hay certeza de manipulación y de violaciones de los derechos humanos y, como lo dijeron las víctimas, entiendo perfectamente que tienen derecho a la justicia y a la verdad pero el caso Florence Cassez no ofrecía ninguna verdad”, dijo en entrevista con CNNMéxico.

Para la organización México Unido contra la Delincuencia, las fallas en el sistema de procuración de justicia violó por igual los derechos de Cassez y los de las víctimas por las fallas cometidas por las autoridades encargadas de la investigación.

“Un Estado que actúa de forma discrecional y sin apego a los derechos procesales más elementales de los inculpados fracasará sistemáticamente en el intento de impartir justicia”, señaló en un comunicado.

Hasta el mediodía del miércoles 23 de enero, Cassez se encontraba pagando una pena de 60 años  de prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, tras haber sido detenida por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en diciembre de 2005.

Después de varias apelaciones por parte de sus abogados que señalaron irregularidades en la integración de la averiguación previa del caso, finalmente los ministros de la SCJN determinaron otorgarle un amparo a la francesa, lo que resultó en su inmediata liberación.

Si bien el caso Cassez había llegado a la SCJN en marzo del 2012, en ese entonces los ministros no llegaron a un acuerdo, por lo que se determinó integrar un nuevo proyecto de resolución, a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

Después de siete años en prisión, Cassez salió en libertad este miércoles e inmediatamente se trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde donde se trasladó a su país de origen.