(CNNMéxico) — Pobladores y miembros de la Policía Comunitaria de la región de la Costa Chica de Guerrero han detenido este mes a 44 personas por delitos relacionados al crimen organizado, según su criterio, por lo que serán puestos en juicio ciudadano en los próximos días.

Desde el 5 de enero, los civiles han realizado las detenciones en los retenes y recorridos de vigilancia que han instalado pobladores de Ayutla y de siete municipios de los 15 que conforman la región costera con los que han reducido hasta 90% del crimen, según sus líderes.

Todos los detenidos, según afirmó el Comandante Guerrero, como se autodenominó el dirigente de este grupo de autodefensa, están relacionados con el crimen organizado, y serán “enjuiciados” este jueves en una asamblea ciudadana en la capital de Ayutla.

El líder explicó que en ese “proceso ciudadano” se harán públicos cada uno de los delitos de las 44 personas detenidas —dos de las cuales son mujeres— para que la asamblea ciudadana determinen las faltas y el modelo al que serán sometidos para su reeducación, basados en los usos y costumbres.

El proceso de reeducación que se maneja en sus comunidades está integrado por la realización de trabajo pesado, de siembra y recolección, así como acudir a pláticas con las personas de la tercera edad para poder reintegrarse a la sociedad, según el Comandante Guerrero.

Desde comienzos de enero, pobladores de Ayutla y Tecoanapa tomaron en sus propias manos la seguridad y vigilancia de sus comunidades después del intento de secuestro de un comisario del lugar.

El alcalde de Ayutla, Severo Castro Godínez, reconoció que ese movimiento se dio ante la falta de la depuración de las fuerzas policiacas, misma que ya inició desde hace cuatro días, por lo que confió en que “pronto regrese a la normalidad” la situación en ese municipio.

En un encuentro con diputados locales el 25 de enero, Severo Castro dijo que ese movimiento de autodefensa se dio porque la delincuencia organizada rebasó a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el Comandante Guerrero precisó que desde este lunes acordaron en la asamblea ciudadana que efectivos del Ejército y la Policía Federal serán los responsables del patrullaje sobre la carretera federal, que conecta a la Costa Chica con Oaxaca, el estado vecino.

Mientras, el movimiento civil armado seguirá con sus recorridos por las comunidades de la región de la Costa Chica.

“Uno de los acuerdos tomados en la asamblea es que nosotros vamos a seguir operando dentro de las comunidades, calles, callejones de las cabeceras municipales. Ellos (fuerzas policiacas) afuera, en carretera”, explicó el Comandante Guerrero.

También informó que hasta el momento son ocho los municipios sumados al movimiento de autodefensa: Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Juan R. Escudero, Florencio Villarreal, Marquelia, Coatepec y Copala.

Ciudadanos no pueden estar por encima de instituciones

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Jorge Camacho Peñaloza, sostuvo que es competencia del gobierno proporcionar seguridad pública a sus ciudadanos, por lo que rechazó la creación del movimiento de autodefensa en contra del crimen organizado.

En entrevista con CNNMéxico, el legislador afirmó que los ciudadanos no pueden actuar por encima de la legalidad y de las instituciones tomando la seguridad pública en sus propias manos.

“No se debe confundir el tema de que la población se está armando con el tema de las Policías Comunitarias. La seguridad es responsabilidad del gobierno, sino sucede estamos incurriendo en una grave falta y alguien no está cumpliendo su cometido.

“Defendernos es un legítimo derecho que tenemos como seres humanos, pero no podemos como ciudadanos estar por encima de las instituciones. Se está violando la ley en cuanto se permite que la población tome justicia por su propia mano”, dijo Camacho Peñaloza.

A este mismo llamado se sumó el presidente del Colegio de Abogados, Ventura Castro Arévalo, quien afirmó que los pobladores de esos ocho municipios de la región de la Costa Chica están violando el marco jurídico y legal de la Constitución estatal y del país, pues su autodefensa trasgrede a terceros.

“Las acciones transgreden porque circulamos en esa región y nos revisan los vehículos, corremos el peligro de ser privados incluso de la vida, porque como están encapuchados eso provoca temor. Las personas están siendo detenidas y se violan las garantías constitucionales de los detenidos”, dijo.

Ampliar el marco legal, propone gobierno

Una de la propuestas planteadas hasta el momento por el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, es ampliar el marco legal de la Policía Comunitaria, pues legalmente está reconocida junto con el manejo de usos y costumbres, según la Ley 701 del Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.

Sin embargo, según dijo Aguirre Rivero, se requiere ampliar su reconocimiento para que tengan un mayor margen de actuación. El gobernador ya entregó 1 millón 500,000 pesos, uniformes y dos camionetas a la Policía Comunitaria.

El propio diputado local, Jorge Camacho, urgió la regularización y el otorgamiento de certeza jurídica a la Policía Comunitaria para que más pobladores puedan establecerla en más municipios, y de esa forma reconocer al movimiento civil de autodefensa.