La CNDH pide protección a personas enjuiciadas por civiles en Guerrero
El organismo solicitó la intervención del gobierno para evitar la violación de derechos de pobladores que se erigieron en policías y jueces
Pobladores organizados en policías comunitarias iniciaron los juicios contra los detenidos en la región, hecho que critica la CNDH (Cuartoscuro).
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió la protección del gobierno para 54 personas enjuciadas por pobladores de Guerrero
- El organismo dijo que es obligación de las autoridades garantizar la integridad de las personas ante pobladores que no tienen derecho a arrestar y juzgar
- Hombres, mujeres y menores fueron sometidos a un juicio popular al ser acusados de colaborar con el crimen
(CNNMéxico) — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la protección del gobierno de Guerrero para 54 personas que fueron sometidas a un juicio comunitario por pobladores que se autoproclaman como policías y jueces en la región de la Costa Chica de ese estado.
El organismo entregó al gobierno estatal una solicitud para que se emitan “medidas cautelares, de manera indefinida” para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de los hombres, mujeres y dos menores detenidos por policías comunitarias de los municipios de Guerrero.
“Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, resaltó la CNDH en un comunicado en el que remarca la obligación de las autoridades de ejercer las tareas policiacas y la impartición de justicia.
“La existencia de tribunales populares instalados e integrados por ciudadanos que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones, contrarían el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recordó la CNDH.
Desde este jueves, las 54 personas detenidas durante enero fueron presentadas ante la comunidad de Ayutla, en la región Costa Chica de Guerrero, para que respondieran por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, según el criterio de los propios pobladores.
Se realizaron audiencias en las que personas que alegaban haber sido víctimas de delitos como secuestro y extorsión, y que relataron sus casos ante unas 500 personas reunidas en Ayutla, señalaban a los detenidos como responsables. El 22 de febrero continuarán los procesos.
Ante ello, la CNDH pidió que “se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno”.
Los usos y costumbres de los pueblos indígenas, bajo los que justifican la toma de control de la justicia en los ocho municipios, “por ningún motivo” pueden contravenir la Constitución nacional, la de Guerrero ni las leyes vigentes, por lo que el gobierno de Guerrero deberá responder a la CNDH en un plazo de tres días, explicó el organismo nacional.
