CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Las víctimas de la violencia tendrán que esperar un proceso de al menos seis meses más para que se generen los organismos operadores y reglamento de la ley y puedan puedan aspirar a acceder plenamente a los derechos que ahí se reconocen.

Así lo reconocieron, la subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez, y Silvano Cantú, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Sin embargo, reconocen que las víctimas ya pueden reclamar derechos reconocidos como la debida diligencia, la atención emocional y médica, entre otros, pues el artículo transitorio 16 marca que las instituciones ya existentes en el momento de entrada en vigor operarán con su estructura y presupuesto para cumplir con las obligaciones que les impone la ley.

“Los derechos ya están, las atribuciones de las autoridades ya están. Lo que queda pendiente de que entre en vigor es la parte del procedimiento, porque tiene que darse el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, las normas, la reglamentación”, dijo la subprocuradora.

“Las víctimas pueden acudir desde ahora ante cualquier autoridad que ya existe, un juez o un MP y requerir rehabilitación médica, sicológica, se pueden invocar los derechos como debida diligencia y si el juez no cumple puede establecer un amparo en contra de su actuación”, afirmó por su parte, Cantú.

Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo, ingeniero desaparecido en enero del 2009 en Monclova, Coahuila, al norte del país, sabe que pasará tiempo para que esta ley sea realidad.

Fernández señaló que los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tuvieron un taller donde se les explicaron los pasos y línea de tiempo para que la ley opere plenamente.

“Todavía no sabemos cuándo esta ley será una realidad para nosotros. Nos explicaron que está en la etapa de que se va a perfeccionar, que se tendrán que discutir muchos intereses, como el legislativo, judicial, del ejecutivo porque todos quieren opinar”, dijo.

La Ley General de Atención a Víctimas entró en vigor el pasado 9 de febrero y comienza un largo recorrido de reformas y creación de las instituciones que se requieren para ser realidad.

A la espera de una nueva reforma 

Guadalupe Fernández señala que la mayor esperanza en la legislación es que su hijo pueda tener personalidad jurídica como “desaparecido” a través de la “declaratoria de ausencia” y la familia no tenga que someterse a juicios de presunción de muerte, el cual emocionalmente es desgastante y revictimizante, refirió.

Sin embargo, para acceder a esta figura las familias de los desaparecidos tendrán que esperar a que durante el proceso de reforma se incluya en la ley, pues en el documento en vigor aun no existe, advirtió Cantú.

Aclaró también que aunque las víctimas ya pueden reclamar la reparación del daño en términos de la ley, tendrán que esperar a que se genere la Comisión Ejecutiva –a partir de junio-, que establecerá la forma de acreditar la situación de víctima, y el Fondo, para el financiamiento, sobre todo para garantizar los recursos destinados a las víctimas de delitos.

Las víctimas de violaciones a derechos humanos podrían acceder de manera más rápida a la reparación, dado que las dependencias como Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina cuentan con fondos específicos para ello en su presupuesto ordinario.

“Si hay limitación presupuestal y no hay dinero para esto, entonces las víctimas que estén bajo ese supuesto deberán esperar a que se implemente el fondo”, aclaró Cantú.

“Para la reparación del daño las víctimas deberán esperar a que se generen los mecanismos como el registro nacional de víctimas, el fondo,  porque es algo novedoso, el acceso a la compensación”, agregó la subprocuradora jurídica, Mariana Benítez.