(CNNMéxico) — El gobierno de México y los principales partidos en el Congreso coinciden en la necesidad de revisar el funcionamiento de la figura jurídica del arraigo, que permite a las autoridades retener a un sospechoso de delito mientras investigan su caso.

Uno de los señalamientos es que deben establecerse límites a su uso, e incluso algunos sectores consideran que debe desaparecer, señalando que se ha abusado de la medida y que es violatoria de los derechos humanos. 

En caso de limitar el arraigo, el Congreso tendría que definir los únicos momentos en que podría utilizarse, dijo en entrevista el juez de distrito José Luis Cruz Álvarez. La Secretaría de Gobernación (Segob) se ha pronunciado a favor de que sea empleado en situaciones excepcionales.

En 2008, la reforma penal estableció en el artículo 16 de la Constitución que el Ministerio Público solo puede solicitar arraigo en casos de delincuencia organizada. La medida dura 80 días como máximo, divididos en periodos de 40 días. 

Un artículo transitorio también señala que el arraigo domiciliario podrá usarse por 40 días cuando se indaguen "delitos graves" y aún no estén instrumentados los juicios orales, que deben estar funcionando en todo el país en 2016.