(CNNMéxico) — La página de Facebook Valor por Tamaulipas, que desde hace más de un año reporta hechos de violencia en ese estado del noreste mexicano, seguirá activa a pesar de que la persona que la administra ha recibido amenazas del crimen organizado.

En un mensaje enviado a CNNMéxico, el administrador asegura que seguirá difundiendo denuncias aunque los grupos delictivos han puesto un precio a su vida: 600,000 pesos (unos 46,000 dólares).

La amenaza se divulgó en semanas recientes, cuando en calles de Tamaulipas empezaron a circular volantes en los que se ofrece esa cantidad por información acerca de la identidad del administrador o de sus familiares.

“Creo que yo es lo menos relevante que puede estar pasando en mi estado. Hay cientos de familias que esperan a sus desaparecidos, que en su momento las mismas autoridades infundían temor a las personas que iban a denunciar, les decían que mejor dieran por muertos a sus parientes”, dice el administrador.

Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, es uno de los estados con más altos índices de violencia en México. Según cifras oficiales, se ubica entre los primeros lugares en delitos como el homicidio, la extorsión y el secuestro.

“Las autoridades se rigen por lo que el crimen organizado dicta. (…) Pareciera que a nivel federal, si no hay rotación a tiempo, el crimen pervierte y coloca en aprietos al mismo Ejército y Marina”, dice el administrador de Valor por Tamaulipas.

“Los delincuentes piensan realmente que ellos están bien y todos los demás debemos de obedecerlos. Creen que el delinquir es un trabajo y hacer daño es un derecho”.

“El crimen solo bajó el perfil”

El administrador asegura que la violencia en el estado persiste, a pesar de que ha reducido la intensidad de los tiroteos entre grupos.

“(El crimen organizado) solo bajó el perfil, sus actividades las desarrollan como siempre, secuestrando, ejecutando, desapareciendo, atemorizando. Lo que se redujo en comparación con esos años son los retenes clandestinos y los enfrentamientos de grandes proporciones, pero el control criminal sigue igual o más arraigado”, dice.

El anterior gobierno federal, que encabezó Felipe Calderón (2006-2012), atribuyó la violencia en Tamaulipas a una pugna entre el cártel del Golfo y el grupo delictivo de Los Zetas por el control de rutas para enviar droga a Estados Unidos.

Para hacerles frente, en 2010 lanzó la Operación Coordinada Noreste, que implicó el despliegue de más fuerzas de seguridad en Tamaulipas y Nuevo León.

La amenaza

El ofrecimiento de dinero a cambio de información del sitio Valor por Tamaulipas se registró entre el 8 y el 10 de febrero. En esos días, volantes anónimos comenzaron a circular en Ciudad Victoria —la capital estatal— y las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

El administrador publicó la fotografía de uno de los volantes y en su mensaje afirma que no se dejará amedrentar porque la ciudadanía confía en su trabajo.

“Mientras siga habiendo colaboración, aunque sea con una sola persona, seguiré haciendo lo que esté a mi alcance para poner en evidencia la situación en que vivimos”, dice.

La respuesta del gobierno

Hasta el miércoles de esta semana, el administrador no había recibido apoyo de autoridades locales o federales, aunque algunos funcionarios le expresaron su respaldo “a título personal”.

“Nos da esperanza saber que por lo menos ya el mundo sabe que las autoridades ocultan y/o colaboran con los criminales en mi estado. Las amenazas nos hacen estar más atentos y extremar precauciones adicionales”, dice.

La vocería de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas indicó a CNNMéxico que no posee información sobre los volantes con amenazas en contra de Valor por Tamaulipas.

La institución señaló que no tiene protocolos para proteger a ciudadanos en casos como este porque no habían ocurrido con anterioridad.

Los antecedentes

Una encuesta realizada por la organización Freedom House entre periodistas y blogueros mexicanos señala que el 96% conoce a colegas que han sido atacados o amenazados a través de prácticas como el espionaje cibernético o la intervención de correos electrónicos.

La agrupación entrevistó a 120 personas en 20 de las 32 entidades de México.

El informe Seguridad digital y móvil para periodistas y blogueros cita como ejemplo los casos de dos personas asesinadas y colgadas de un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en septiembre de 2011.

“Cerca de los cuer­pos fue dejado un mensaje diciendo que lo mismo podría sucederle a todos los usuarios de internet que se metie­ran con el grupo delictivo (de Los Zetas). A estos dos crímenes les siguió el asesinato de una periodista que usaba el seudónimo de La Nena de Laredo para publicar en­tradas en contra de actividades crimi­nales en el portal de internet llamado Nuevo Laredo en Vivo”, señala el documento.

Después de esos crímenes, el administrador de Valor por Tamaulipas publicó un mensaje para condenar los hechos y afirmar que “incontables” ciudadanos se han resistido a la delincuencia.

El reporte de Freedom House también cita el caso del periodista Víctor Manuel Báez, editor del sitio reporterospoliciacos.mx, que fue secuestrado y hallado muerto en 2012 en Xalapa, la capital de Veracruz.

En la misma entidad, según el documento, el gobierno estatal ha “criminalizado” a usuarios de redes sociales. En septiem­bre 2011, acusó de terrorismo a dos usuarios de Twitter por difundir versiones acerca del supuesto ata­que a una escuela. En medio de la polémica que generó el caso, el Congreso local aprobó una reforma legal que permitió a los acusados quedar en libertad.

“Estos eventos son un recordatorio de que algunas autoridades oficiales y grupos criminales están monitoreando las redes sociales y lo que los periodis­tas y blogueros publican para respon­der con asedio, amenazas o violencia”, señala el informe.

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