Nota del editor: Rubén Navarrete Jr. es colaborador de CNN y columnista para otros medios. Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter:@rubennavarrette

SAN DIEGO, California (CNN) — Juana Reyes jamás pensó que al vender tamales de pollo, puerco y chile con queso la expulsarían de Estados Unidos. Pero puede pasar.

Reyes es una mujer de Sacramento, California, a quien los medios han llamado “la mujer de los tamales”. Madre soltera de 46 años e inmigrante ilegal, Reyes se enfrenta a la deportación a cargo del gobierno de Obama.

Pero, ¿cuál es el problema? ¿No es lógico que los inmigrantes ilegales sean deportados? Sí. Sin embargo, hay que seguir ciertas reglas y el gobierno las rompe sistemáticamente. El caso de esta mujer resta solidez al argumento de que las enérgicas medidas de inmigración se enfocan en los criminales habituales.

El problema de Reyes empezó el 28 de junio al ser arrestada afuera de una tienda Walmart por los oficiales del sheriff del condado de Sacramento bajo cargos de invadir la propiedad privada y obstaculizar un negocio. 

¿Cuál fue exactamente la falta? Reyes está desempleada; vendía tamales para comprar ropa y comida para sus dos hijos —César, de 10 años, y Montserrat, de siete, ambos nacidos en Estados Unidos. Esta mujer no sostenía un letrero que dijera: “Trabajaré a cambio de comida”. Su trabajo era vender comida que hacía ella misma.

Reyes asegura que era común que estuviera en el estacionamiento de Walmart y que incluso los empleados de ésta eran sus clientes. Ese día en particular, un guardia de seguridad acompañado por un oficial del sheriff le pidió que se retirara. Ella obedeció, pero regresó cuando vio que había otros vendedores afuera de la tienda. Entonces fue arrestada.

Al sospechar que Reyes se hallaba en el país ilegalmente, los oficiales esposaron a la mujer y metieron a sus hijos en un auto policial para llevarlos a la estación de policía desde donde llamaron a la autoridades de Inmigración y Aduanas, quienes la detuvieron durante dos semanas en la cárcel del condado sin permitirle hablar con un abogado. Cuando los agentes de Inmigración finalmente visitaron la prisión, determinaron que ella se encontraba ilegalmente en el país y la pusieron bajo custodia; enviaron a sus hijos a un hogar sustituto mientras estuvo detenida. Actualmente Reyes espera a que la deporten. 

¿De verdad? ¿Esposarla por invasión? ¿Esposar a una mujer casi dos semanas sin un abogado? ¿En qué estaba pensando esta gente?

Todo por vender tamales. Algunas personas insistirán en que Reyes está recibiendo el castigo por entrar ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, esta mujer llamó la atención de las autoridades federales porque las autoridades locales la arrestaron por un delito menor que sólo merecía una amonestación. La arrestaron por vender tamales.

A juzgar por los reportes de los medios, algunas personas en Sacramento piensan que los federales se están excediendo y dicen que la policía local no debería seguirles el juego. Sin embargo, para muchos otros no hubo más de qué hablar cuando supieron que Reyes vivía ilegalmente en el país, probablemente desde hace 20 años. Estas personas creen que se llevó su merecido.

¿Qué clase de política migratoria merece Estados Unidos? Los candidatos presidenciales ofrecen opciones: No involucrarse o hacerlo con torpeza.

Los demócratas se burlan de la propuesta de Romney: si no hay empleos, los inmigrantes ilegales se “autodeportarán” y se llevarán a sus hijos consigo.

El gobierno de Obama quiere demostrar que su acercamiento es más humano. En vez de que los inmigrantes ilegales lleven voluntariamente a sus hijos a sus países de procedencia, las autoridades ponen a los hijos de estas personas en manos de familias adoptivas.

Cuando se trata de inmigración, Obama es intimidante. Ha intentado obtener el apoyo de los conservadores y de los trabajadores organizados al deportar a todos los inmigrantes ilegales que ha podido: casi 1.5 millones desde que asumió la presidencia. El gobierno obligó a los gobiernos locales y estatales a tomar parte en un atroz programa llamado Comunidades Seguras. Este programa exige a las autoridades locales el envío de los registros de huellas digitales de las personas que han sido arrestadas bajo sospecha de estar ilegalmente en el país.

Obviamente los policías locales, que en su mayoría no están capacitados en la aplicación de las leyes migratorias, sospechan con frecuencia de los latinos y caen así en la discriminación racial. De hecho, el presidente del Tribunal del Instituto Earl Warren para la Política y la Ley Social de la Universidad de California en Berkeley confirmó que el programa Comunidades Seguras se enfoca de manera desproporcionada en los latinos.

La colaboración se presentó originalmente como “voluntaria”; se hizo obligatoria súbitamente cuando estados como Nueva York y Massachusetts trataron de no participar. Se suponía que el programa se enfocaría exclusivamente en los criminales violentos hasta que se reveló que muchas personas que carecían de antecedentes criminales, como jardineros, trabajadoras domésticas, niñeras, infractores de tránsito y vendedoras de tamales, habían sido atrapadas.

Tres grupos nacionales de defensa para los inmigrantes revelaron hace poco haber hallado evidencias de que en California el programa Comunidades Seguras no estaba dedicado únicamente a atrapar criminales violentos. Gracias a la Ley de Acceso a la Información, los grupos obtuvieron correos electrónicos enviados entre el FBI y el gobierno de California en los que presuntamente se demuestra que bajo el programa se había deportado a personas que nunca habían sido arrestadas.

En este año de elecciones, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha tratado de restar importancia al asunto de las deportaciones y ha intentado convencer a los votantes latinos de que la administración es más indulgente. Obama anunció en junio un cambio en las políticas que fue considerado el más importante para el Departamento de Seguridad Nacional, cambio que permitiría a quienes cumplieran con ciertos requisitos obtener una prórroga a la deportación y permisos de trabajo. Para ser considerados, los candidatos debían ser menores de 31 años, haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, haber vivido en el país al menos cinco años, no tener antecedentes criminales y estar estudiando, haberse graduado de preparatoria o haber servido en las Fuerzas Armadas.

Reyes no cumple con ninguno de esos requisitos.

Los simpatizantes latinos de Obama se creen el argumento de que este gobierno es más gentil y amable. Creerán lo que sea con tal de no reconocer que se equivocaron al haber elegido en 2008 al presidente más antiinmigrante de los últimos 50 años.

Los miembros de las comunidades de inmigrantes no se dejan engañar. Saben que, como siempre, todo es cuestión de negocios y cuentan con los errores de la justicia para probarlo.

Simplemente pregúntenle a la mujer de los tamales.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ruben Navarrette Jr.