Nota del editor: Gabriel Regino García es abogado penalista y profesor de Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Puedes seguirlo en su cuenta de twitter: @gabrielregino

(CNNMéxico) — Descubrir la "verdad histórica de los hechos" ha sido siempre un fin no alcanzado por el proceso penal.

Y esto es así, porque cada que ocurre un evento criminal (con o sin testigos) la mala preparación de los cuerpos policiales —que son los primeros en intervenir— contamina la escena de los hechos, alterando voluntaria o involuntariamente la gran cantidad de indicios que pueden ser la base de una futura imputación penal, basada en evidencias científicas.

Las agencias de seguridad, presionadas por dar resultados ante la ola de inseguridad, convocan a ruedas de prensa donde las personas detenidas son expuestas a un juicio sumarísimo donde, sin respetar la cadena de custodia, amontonan los presuntos objetos o productos del delito, como si se tratara de un bazar, colocando a los detenidos para conectarlos en el colectivo social como los únicos y arteros responsables de todos los hechos que el vocero en turno narra con tono didáctico.

Posteriormente, las declaraciones de testigos o víctimas llevan un inadecuado direccionamiento por parte del personal ministerial que integra la llamada averiguación previa, pues llegan a colocar en su boca palabras no propias de su vocabulario, pero sí necesarias para encajar los hechos en el molde de la legislación criminal.

De tal suerte que cuando un caso llega al conocimiento de un juez, lo menos que puede esperarse no es encontrar esa verdad histórica de los hechos, sino toda una construcción que ha sido generada y en varias ocasiones forzada para producir la convicción de que quien es acusado, es efectivamente el responsable del evento. Difícil situación le espera al Juez, ante un caso que ya ha sido juzgado por la opinión pública.

Estas cuestiones narradas con antelación, son, desde mi punto de vista, y al menos en México, una constante de los procesos penales. Si las personas procesadas (muchas previamente arraigadas hasta por 80 días) fueron forzadas a firmar confesiones autoincriminatorias, ello no les resta valor probatorio, pues según los viejos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el torturado tiene todo el derecho de denunciar a sus torturadores, pero la confesión vale para una sentencia.

Me parece que el caso de Florence Cassez levantó tanto revuelo en México porque durante años la sociedad mexicana ha estado acostumbrada a ese tipo de prácticas, ya que se desconfía de todo lo que sea una institución. En este contexto, se entiende que cuando el Máximo Tribunal de Justicia invoca tratados internacionales, principios universales y derechos humanos, la sociedad lo interpreta como una coartada para dar lugar a la impunidad.

Los saldos del caso Cassez son más que negativos, porque demuestra cuan convencida sigue la ciudadanía de que los hechos que se transmiten a través de los medios de comunicación, así sean montajes, son la verdad histórica de los hechos, mientras que conceptos tales como el debido proceso no son más que argumentos legaloides para no aplicar una condena, ya impuesta de manera previa por la opinión generalizada.

Considero que es una condición grave, porque en los próximos años deberá implementarse en el país el nuevo sistema de justicia penal, que descansa en la oralidad y el pleno respeto a las garantías individuales, y especialmente a principios como el de la presunción de inocencia, mismos que hoy han sido pulverizados por una rabiosa indignación desinformada.

Ese es el saldo y ese es el pronóstico.

¿Quién mató al debido proceso? Fuenteovejuna, Señor.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Gabriel Regino García.