Nota del editor: Rupert Knox es investigador de Amnistía Internacional en México. En este artículo se expresan solamente sus puntos de vista.

(CNN) — Hace menos de una semana, seis turistas españolas fueron presuntamente violadas en el centro vacacional de Acapulco, al sur de México. El ataque llegó rápidamente a los titulares internacionales y aunque las autoridades locales parecían dispuestas a minimizar la historia, la creciente indignación del público y la presión de las autoridades españolas lograron que se comprometieran a investigar a fondo.

Tristemente, a quienes seguimos las noticias en esta parte del mundo no nos sorprendieron las noticias de este crimen verdaderamente terrible; después de todo, cada año miles de mujeres y niñas en México son víctimas de la violencia sexual. De hecho, según información que Amnistía Internacional presentó en 2012 ante el Comité de Naciones Unidas para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres, cada año son violadas más de 14,000 mujeres.

Esta cifra, basada en datos recopilados en 2009, también muestra que solo fueron procesados 2,795 violadores ese año. Por su parte, los estudios nacionales indican que solo una quinta parte de las mujeres reportan la violación, ya que desconfían del sistema de justicia y tienen miedo, lo que implica que la magnitud real de la violencia sexual probablemente es mucho mayor.

Si se les preguntara acerca de este tema, las autoridades mexicanas probablemente señalarían las importantes medidas que han tomado para proteger a las mujeres de la violencia, entre ellas la aprobación de una ley federal y estatal relativa al "acceso a una vida sin violencia para las mujeres".

Sin embargo, a pesar de algunos avances positivos, la violencia de género sigue generalizada y las autoridades federales y estatales han fracasado sistemáticamente en garantizar la implementación efectiva de muchos aspectos de la nueva ley, lo que ha permitido que persista la impunidad.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, conocen de primera mano las injusticias del sistema legal.

Ambas afirman que en 2002 fueron violadas por elementos de las fuerzas armadas. Después de años de enfrentarse a la oposición, en los que el caso se perdió en el sistema de justicia militar, ganaron el derecho a que su caso pasara a los tribunales civiles, lo que incrementó sus posibilidades de obtener una solución a pesar de que también la justicia civil fracasa con frecuencia al castigar a los culpables.

Mientras tanto, al norte de México, cientos de mujeres han sido asesinadas o simplemente han desaparecido desde principios de la década de 1990. Tomando esto en cuenta, el pasado enero los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, ciudad cercana a la frontera con Estados Unidos, marcharon para exigir que las autoridades investiguen debidamente los crímenes y lleven a los responsables ante la justicia.

Las organizaciones femeniles de otros estados como Nuevo León, Oaxaca y México también han puesto de relieve patrones similares de violencia de género que las autoridades no han logrado combatir eficazmente.

La justicia es crucial cuando se trata de enfrentar y terminar con la violencia en contra de las mujeres. Cuando quienes violan a las mujeres quedan impunes, se da a entender que esos abusos son aceptables, lo que deja abierta la puerta para que otras personas cometan crímenes similares.

Los altos índices de violencia delictiva que en general afectan a México no deben ser excusa para ignorar o minimizar lo que está ocurriendo con las mujeres a lo largo del país. Las autoridades, tanto estatales como federales, simplemente han fracasado en diseñar e implementar medidas con las que se prevengan y enfrenten estos crímenes.

Es momento de que el gobierno atienda las exigencias de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras personas que trabajan en el terreno, y deje de hablar acerca de la prevención la violencia y empiece a actuar. Se requieren medidas concretas y efectivas para mejorar las investigaciones y para aumentar el índice de procesos y condenas.

El gobierno mexicano debe responder a las mujeres con un esfuerzo incansable para poner un alto a la violencia y apoyar a las sobrevivientes de ataques sexuales.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Rupert Knox.